Redacción / IP Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, está vez, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU), ordenó que las casas de estudios superiores informen al órgano rector sobre los movimientos migratorios de su personal docente y administrativo, así como de invitados extranjeros que reciban eventualmente.
El CNU se justificó argumentando que lo hace con base al numeral 14 del artículo 58 de la Ley 89, reformada el 31 de marzo de este año.
«Con el interés de conocer el movimiento migratorio del personal docente, administrativo y directivo de esa comunidad educativa, así como del personal académico y científico que recibe la universidad en ocasión de eventos y/o para la realización de actividades contempladas en los planes, programas y proyectos que se llevan a cabo, les solicitamos que formalmente nos informen de las entradas y salidas al país, por al menos siete días por adelantado», señala el comunicado.
El comunicado emitido el 4 de agosto, y firmado por el secretario técnico del CNU, Jaime López Lowery, exige a los rectores de las universidades legalmente establecidas en el país los siguientes requisitos:
1- Nombre completo de la persona de quién se trate
2- Identificación o número de pasaporte
3- País de procedencia o destino
4- Fecha de entrada o salida del país
5- Motivo de la visita
6- Duración de la visita
7- Puerto de entrada o salida.
La reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (IES), le otorga al CNU la potestad de regular, controlar e intervenir las universidades públicas y privadas, lo que para académicos y juristas «elimina la autonomía universitaria».
La reforma también permite al CNU cancelar universidades, así como la autorización de apertura de nuevas universidades «a aquellas que en el plazo de seis meses no obtengan la personalidad jurídica por la instancia correspondiente de conformidad con las leyes de la materia”.
Desde inicios de febrero de este año, los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, despojaron de su personería jurídica a varias universidades privadas del país, entre ellas a la Universidad Politécnica de Nicaragua y la Paulo Freire, las que luego fueron confiscadas por el Consejo Nacional de Universidades.
El pasado 31 de marzo, el régimen apartó a la Universidad Centroamérica (UCA) del CNU y de los fondos que recibía del 6% constitucional.
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