ARCHIVO: Un hombre se arrodilla en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María cuando la policía nicaragüense prohibió una procesión y peregrinación católica en la capital, citando razones de seguridad interna, en Managua, Nicaragua, el 12 de agosto de 2022.
La policía apareció dos días después de que un clérigo católico en una iglesia cerca de Managua, la capital de Nicaragua, pronunciara un sermón dominical en mayo que incluía una oración «por nuestros sacerdotes».
Los oficiales reprodujeron un clip de audio de la oración y advirtieron: Este tipo de cosas son peligrosas, recordó un sacerdote que estaba en los servicios dominicales y cuando llegaron los policías. Pidió no ser identificado por temor a ser arrestado.
“Tratamos de explicar que esto es solo una oración normal, nada que ver con la política”, dijo el sacerdote en una entrevista en video. «Pero ya tienen pruebas contra nosotros de que pueden manipular como quieran».
La campaña de cinco años del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra la Iglesia católica se ha intensificado desde febrero, según entrevistas con cinco sacerdotes dentro y fuera del país.
Los sacerdotes, uno en Nicaragua y cuatro fuera del país, describen un fuerte aumento en la vigilancia de la iglesia por parte de la policía y los informantes ciudadanos; palizas policiales; arrestos y expulsiones de sacerdotes y monjas, así como incautaciones de propiedades de la iglesia.
La breve liberación de esta semana del obispo nicaragüense Rolando Álvarez generó esperanzas de un punto de inflexión. Pero aunque el obispo mexicano Ramón Castro dijo en una entrevista que las conversaciones entre los representantes del gobierno nicaragüense y la iglesia están «sin duda» en curso, tenía pocas esperanzas de un gran avance. “Es muy probable”, dijo el diplomático vaticano, “que vamos a tener que pasar por momentos más difíciles”.
La escalada continuó en marzo después de que el papa Francisco condenara al gobierno de Nicaragua como una «dictadura grosera» y Ortega respondiera cortando los lazos con el Vaticano.
La policía remitió las preguntas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que no respondió a las solicitudes de comentarios. La vicepresidenta Rosario Murillo, vocera del gobierno y esposa de Ortega, no respondió a las preguntas escritas.
Un diplomático con sede en Managua, que habló bajo condición de anonimato, dijo que había escuchado informes de vigilancia policial del clero y los encontró creíbles.
Dijo que le preocupaba que la represión pareciera continuar, con relatos creíbles de un aumento en las expulsiones de órdenes religiosas y confiscaciones de propiedades además de la vigilancia.
Funcionarios del Vaticano han dicho a Reuters en privado que ven el conflicto en Nicaragua como uno de los peores desde la Guerra Fría, cuando muchos países comunistas de Europa del Este persiguieron a la iglesia.
En febrero, el obispo Álvarez, un crítico de Ortega, fue condenado por traición, despojado de su ciudadanía y sentenciado a 26 años de prisión por traición, sin juicio.
El comunicado de sentencia señala que Álvarez es «autor de los delitos de daño a la integración nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción agravada de funciones y desobediencia o desacato a la autoridad».
Álvarez niega los cargos.
El obispo de la diócesis rural de Matagalpa fue devuelto a prisión el miércoles después de que fracasaran las conversaciones sobre los términos de su liberación y la de otros clérigos encarcelados, dijo a Reuters una fuente diplomática.
A fines de mayo, el gobierno de Nicaragua inició una investigación de lavado de dinero en la iglesia, ordenando a los obispos del país y al líder principal, el cardenal Leopoldo Brenes, entregar los documentos financieros y congelar todas las cuentas bancarias de la iglesia.
El congelamiento de las cuentas ha dificultado la compra de alimentos y otras necesidades para las parroquias, dijeron los cinco sacerdotes entrevistados por Reuters. El gobierno intervino el mes pasado para pagar los salarios de los maestros en cientos de escuelas afiliadas a la iglesia.
Brenes no ha comentado públicamente sobre la investigación y su oficina rechazó la solicitud de entrevista de Reuters.
Un funcionario del Vaticano, que habló bajo condición de anonimato, calificó las acusaciones de lavado de dinero como «absurdas».
Al menos cuatro sacerdotes han sido puestos bajo arresto domiciliario desde el 23 de mayo, según Martha Patricia Molina, una investigadora y abogada nicaragüense exiliada que ahora vive en Texas.
Siete sacerdotes han sido expulsados, seis sacerdotes han huido del país, mientras que a otros dos se les ha negado el reingreso en lo que va del año, según Molina.
A un grupo de monjas brasileñas de la diócesis de León se le ordenó abandonar el país en junio, según mensajes de texto revisados por Reuters y una publicación en su página de Facebook.
La conferencia de obispos de Nicaragua no respondió a una solicitud de comentarios.
A fines del mes pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, se reunió con el Papa en el Vaticano y se comprometió a presionar personalmente a Ortega para que liberara a Álvarez, ofreciendo abrir un canal de comunicación entre el Vaticano y Managua.
El gobierno de Nicaragua no respondió a las preguntas o solicitudes de comentarios.
Los sacerdotes describen una fuerte vigilancia de los servicios de la iglesia por parte de la policía o miembros civiles de los consejos comunitarios patrocinados por el gobierno, especialmente desde Semana Santa.
Tres de ellos dicen que creen que las llamadas telefónicas están siendo monitoreadas. No proporcionaron pruebas y Reuters no pudo verificar su afirmación de forma independiente.
“Mi mamá me dijo ayer que la policía llegó a nuestra casa e hizo que todos dieran sus números de teléfono”, dijo uno de los sacerdotes, actualmente fuera del país. «Es un secreto a voces que muchas personas tienen sus teléfonos intervenidos».
La campaña de Ortega contra la iglesia comenzó hace cinco años después de que el gobierno pidiera a los líderes católicos que ayudaran a mediar en las protestas masivas contra el gobierno provocadas por los planes del gobierno de recortar las pensiones de vejez.
Al menos 356 civiles murieron en las protestas, según la comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
Ortega, de 77 años, llegó al poder en 1979 después de derrocar una dictadura de derecha. Lanzó una ofensiva contra la iglesia en la década de 1980, pero después de su derrota electoral en 1990, hizo propuestas a los católicos y respaldó la prohibición del aborto.
Sus últimas restricciones parecen tener como objetivo silenciar a los sacerdotes, dijo Erick Díaz, de 33 años, un sacerdote nicaragüense exiliado en Chicago.
“Los sacerdotes dentro de Nicaragua deben guardar silencio. Ni siquiera pueden mencionar el nombre del obispo porque la policía te persigue y te puede meter en la cárcel o forzarte al exilio”, dijo.
Nueve líderes de la iglesia dentro y fuera de Nicaragua no respondieron a las solicitudes de entrevista para esta historia.
Con información de la Voz de América
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