Redacción / IP Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisó el estado de 10 medidas cautelares otorgadas a 60 nicaragüenses, de los cuales 44 están privadas de libertad por motivos políticos.
En el marco del 180 periodo de sesiones, la CIDH celebró una audiencia en la que representantes de organismos de derechos humanos y de la sociedad expusieron las condiciones en las que se encuentran los presos políticos.
La defensora Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) explicó que 42 de esas personas están recluidas en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo» en condiciones deplorables.
«En las celdas hay insectos, ratas que dañan los alimentos y en los colchones donde duermen hay helepates o chinches lo que les causa múltiples picaduras en la piel», manifestó Ruiz.
Alexandra Salazar, integrante de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) expuso el caso de varios reos políticos, beneficiarios de medidas cautelares, con padecimientos de salud y que no son atendidos oportunamente.
El beneficiario Maycol Antonio Arce, detenido el 25 de diciembre de 2018, padece de gastritis crónica desde antes de la captura, pero ésta «se ha agravado debido a la falta de alimentación adecuada, atención médica oportuna y especializada», denunció Salazar.
Gustavo Mendoza Beteta, Benjamín Gutiérrez Collado y Lázaro Rivas Pérez siguen «sufriendo secuelas de sus detenciones violentas», agregó la integrante de la UDJ.
«El beneficiario Mendoza Beteta estuvo aproximadamente quince días orinando sangre en el mes de mayo 2022 sin recibir atención médica», dijo.
Durante la audiencia de la CIDH, la defensora Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) expresó que la represión que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado desde abril de 2018 ha sido «generalizada, sistemática y profundamente patriarcal, y por ello, uno de los principales objetivos han sido las mujeres que defienden derechos».
Sánchez recordó el caso de la presa política Karla Escoba, detenida por segunda ocasión el 30 de abril de 2020 tras un operativo que realizó la Policía en su vivienda ubicada en la ciudad de Masaya.
Escobar, «enfrenta su caída del cabello (alopecia), hipertensión, problemas ginecológicos asociados a quistes en los ovarios y estados depresivos sin ningún acompañamiento sanitario», señaló la defensora de derechos humanos.
El abogado,Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que el beneficiario de la CIDH, Gustavo Mendoza se encuentra desde hace seis meses en una «celda de máxima seguridad, totalmente aislado».
A Denis García Jirón, otro de los beneficiados con medida cautelar, «un reo común le dijo que por ser preso político debía permanecer en un rincón con la cabeza abajo», señaló Guadamuz.
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