Redacción / IP Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que las declaraciones públicas y posterior destitución del exembajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, confirman las graves violaciones a los derechos humanos en el país centroamericano.
«El principio de separación de poderes está quebrantado en el país; todas las instituciones del legislativo y judicial están alineadas y dirigidas por el Ejecutivo, lo que facilita y/o consolidan las arbitrariedades», señaló la CIDH en una nota de prensa.
Las declaraciones de McFields el 23 de marzo como Representante Permanente de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA, «confirman las graves violaciones a derechos humanos que se vienen cometiendo en el país».
Ese patrón confirma además el «deterioro institucional y la agudización de la estrategia del Ejecutivo para acallar a las voces disidentes y opositoras», dijo la CIDH.
McFields denunció al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y les llamó «dictadura», además que exigió la liberación de los presos políticos, por lo que inmediatamente fue cesado del cargo.
La crisis en Nicaragua, «continúa profundizándose debido a factores como la instalación de facto de un estado de excepción y la consolidación de la concentración y perpetuación del poder por parte del Ejecutivo».
La CIDH urgió al Estado nicaragüense poner fin a la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías de un Estado democrático de derecho.
Además, exhortó a los Estados americanos y a la comunidad internacional a demandar al Estado de Nicaragua el «cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
En Nicaragua más de 177 personas permanecen privadas de libertad, según organismos de derechos humanos.
La crisis de derechos humanos que persiste dejó a 355 personas fallecidas; más de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; y miles de personas que se vieron forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución.
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