El caso del asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona López llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se señaló que el Estado de Nicaragua no agotó las líneas de investigación vinculadas con su ejercicio periodístico.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encargó de presentar el caso ante la Corte-IDH, concluyó que las indagaciones oficiales omitieron considerar «la posible participación de agentes estatales como autores materiales del homicidio».
Lo anterior, según escrito que presentaron, impidió una investigación completa y objetiva de los hechos.
En particular, la Comisión señaló que los peritajes del caso no se realizaron «con la debida diligencia y que el Estado no agotó las líneas de investigación vinculadas con el ejercicio periodístico», las cuales involucraron a «agentes estatales como autores materiales».
El organismo también destacó que el uso de la fuerza por parte de agentes policiales contra periodistas en manifestaciones no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.
En este sentido, señaló la responsabilidad del Estado por el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas.
La CIDH solicitó a la Corte-IDH que “declare que el Estado es responsable por la violacion de los derechos a la vida, a las garantías judiciales, a la libertad de expresión y a la proteccion judicial”.
A Gahona lo asesinaron el 21 de abril de 2018 en el marco de una manifestación en la ciudad de Bluefields, una ciudad ubicada en el Caribe de Nicaragua.
Diversos periodistas acudieron a cubrir los hechos, incluyendo Gahona quien recibió un disparo en la cabeza mientras transmitían en vivo a fin de registrar los daños ocasionados.
A Gahona López lo auxiliaron civiles y «diversos testimonios aportados a la CIDH son
consistentes en señalar que la Policía Nacional no auxilió a la víctima».
La familia de Gahona ha denunciado intimidaciones y amenazas constantes desde su fallecimiento, lo que aumenta la preocupación por la falta de protección y justicia en el caso.
Por su parte, la CIDH solicitó a la Corte que exija al Estado iniciar una investigación penal exhaustiva para esclarecer completamente los hechos.
Según el organismo de derechos humanos, el Estado de Nicaragua no podrá argumentar que es «cosa juzgada, prescripción o amnistía para justificar el incumplimiento de esta recomendación por tratarse de una grave violación de derechos humanos».
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