Para que la Iglesia Católica considere incentivar y moderar un diálogo político en Nicaragua es preciso que las partes muestren interés y lo soliciten, dijo a la Voz de América el cardenal Leopoldo José Brenes.
La declaración de Brenes llega en momentos en que se avivan las esperanzas en que una posible negociación con el Gobierno de Daniel Ortega comience a destrabar la crisis política, que lleve entre otros aspectos clave a la liberación de los presos políticos.
La propuesta la hizo días atrás el sector privado aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que representa uno de los gremios más importantes del país. En un comunicado informaron que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el Gobierno de Ortega.
«Eso hay que verlo con la Conferencia (de Obispos)(…) y siempre tiene que ser las solicitudes de las dos partes, no siempre de una», dijo Brenes.
Hasta el momento, desde el Gobierno de Ortega no ha habido pronunciamiento al respecto.
«Miraremos la situación que se dé en ese momento. Por el momento no tenemos ese tema en la agenda», agregó.
En fallidas negociaciones anteriores con el Gobierno de Ortega, los líderes católicos han actuado como mediadores.
Familiares de los presos políticos está entre los sectores que pugnan por el diálogo.
«Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra iglesia para que encabecen y a poyen un proceso de reunificación ciudadana, dispuestos a construir puentes, dispuestos a escucharnos los unos a los otros, para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos no ha dividido», dijo en conferencia de prensa reciente Martha Lucía Urcuyo de Chamorro, esposa de Pedro Joaquín Chamorro.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó la pasada semana en respuesta a una pregunta de la Voz de América, que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a apoyar un eventual diálogo con el Gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis que enfrenta la nación centroamericana.
Desde Managua, el gobierno de Ortega ha dicho en reiteradas ocasiones que las acciones de Estados Unidos -entre ellas las sanciones a funcionarios del entorno de Ortega- son medidas «intervencionistas» y ha afirmado que no intimidarán el ejercicio de sus funciones en el poder.
Nota de la Voz de América.
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