El Gobierno de Brasil, liderado por la referencia de la izquierda latinoamericana, Luiz Inácio Lula Da Silva, se refirió este martes por primera vez a la crisis de Nicaragua, tras la excarcelación, destierro y retiro de la nacionalidad de 222 presos políticos y otros 94 ciudadanos.
Tovar da Silva Nunes, embajador permanente de Brasil en Naciones Unidas, ofreció además un diálogo al régimen de Daniel Ortega, durante su intervención en el Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de escuchar el informe del Grupo de Expertos.
«Brasil está listo para explorar formas de abordar constructivamente esta situación, en diálogo con el gobierno de Nicaragua y todos los actores pertinentes», anunció el embajador brasileño.
Asimismo dijo que el gobierno brasileño «sigue con gran preocupación las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y restricciones al espacio democrático en dicho país, en particular ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y tortura a disidentes políticos».
Entre el 9 y 15 de febrero pasado, el régimen retiró la nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluidos 222 presos políticos enviados a Estados Unidos, 94 ciudadanos que en su mayoría estaban exiliados y monseñor Rolando Álvarez, que sigue preso.
Da Silva Nunes anunció que «reafirmando su compromiso humanitario con la protección de los apátridas, el gobierno brasileño se pone a disposición para acoger a los afectados, bajo los estatutos especiales previstos en nuestra Ley de migración».
Los países de la región que han ofrecido su nacionalidad a los nicaragüenses declarados apátridas por el régimen son Chile, Colombia, Panamá, México y Ecuador. España fue le primer país en acogerlos.
En 2021, Luiz Inácio Lula Da Silva reconoció que las cosas no andan bien en Nicaragua, pero nunca ha condenado la violación de derechos humanos en el país y tampoco se ha referido a la actual persecución contra la Iglesia católica y sus líderes religiosos.
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