Redacción / IP Nicaragua
El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), eliminado por la Asamblea Nacional este 27 de julio de 2022, tenía 26 años de trabajo continuo brindando asesoría legal a las poblaciones de las comunidades en la Costa Caribe de Nicaragua.
CALPI fue una de las asociaciones que brindó asesoría a las comunidades que se verían afectadas por el Canal Interoceánico, después que en 2013 la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialista, aprobó la Ley 840 que establecía el régimen jurídico para el ambicioso proyecto anunciado por Daniel Ortega.
La asociación consideraba que se debían salvaguardar los derechos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes perjudicados con el otorgamiento de la concesión a Hong Kong Nicaragua Canal Development Group (HKND).
Entre julio de 2013 y julio de 2019 ayudaron a las autoridades indígenas y afrodescendientes de los pueblos Rama-Kriol y Creole a presentar 19 recursos de amparos, pero algunos fueron rechazados o no resueltos negándoles los derechos constitucionales a la autodeterminación o autonomía, denunció CALPI en su momento.
La asociación también brindaba asesoría a las autoridades, dirigentes y lideresas tradicionales, en la «defensa y preservación de su cultura, cosmovisión, lengua, y medios de vida tradicional que constituyen sus tierras comunales».
CALPI era una organización no gubernamental con personería jurídica que fue otorgada por la Asamblea Nacional de Nicaragua por medio del decreto número 1316 del 27 de mayo de 1996, mismo que fue publicado en La Gaceta Diario Oficial, número 135 del 18 de junio de 1996.
La Asamblea Nacional, sin embargo, la incluyó en una lista de 100 organizaciones que fueron canceladas este 27 de julio de 2022.
CALPI se encontraba asesorando a las comunidades indígenas de Tasbapounie, al pueblo indígena Rama y a las comunidades afrodescendientes que conforman el Territorio Rama y Kriol; así como a la Comunidad Negra, Creole, Indígena de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS); en un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la «falta de consulta, y por ende de consentimiento libre, previo e informado», relacionado al mega proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la cancelación de las 100 organizaciones y advirtió que se trata de un «ensañamiento contra asociaciones de mujeres, indígenas o autonómicas».
Señalan que es la continuidad de procesos administrativos arbitrarios e inconstitucionales. A la fecha, la Asamblea Nacional ha cancelado 1,174 organizaciones tanto nacionales como internacionales.
«El propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los
derechos humanos del pueblo nicaragüense», denunció el Colectivo.
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