* «A nosotros nos preocupa, porque también existe una familia que durante muchos años habita dentro del área protegida, que es miembro de la organización Fundación del Río y que parte de su acción es cuidar la propiedad”, dijo el denunciante.
Orlando Valenzuela / IP Nicaragua
Este viernes se cumplieron las amenazas de la Alcaldía del municipio de El Castillo de apropiarse de la Reserva Silvestre El Quebracho, propiedad de Fundación del Río. Así lo denunció Amaru Ruiz, presidente de esa organización ambientalista, en el departamento de Río San Juan.
El pasado jueves, 14 de mayo, se conoció una denuncia sobre la pretensión de personeros de la municipalidad de ocupar la referida Reserva Silvestre y este viernes, varios operarios empezaron el carrileo de la reserva silvestre privada, señaló la organización ambientalista preocupada por el peligro de destrucción del bosque y toda la biodiversidad que existe allí.
«Luego de la denuncia de ayer, hoy (viernes) ordenaron, a través del secretario político de la comunidad de Buena Vista, Adán Esquivel, que iniciaran el carrileo de la reserva y ya empezaron a dividir la propiedad. Este carrileo o medición del área es para extracción forestal y para entregar a otros operarios del Frente Sandinista que acompañan a esta cuadrilla, con órdenes expresas de la alcaldía de El Castillo», dijo Ruiz.
«A nosotros nos preocupa, porque también existe una familia que durante muchos años habita dentro del área protegida, que es miembro de la organización Fundación del Río y que parte de su acción es cuidar la propiedad, pero lamentablemente ya empezaron el carrileo y luego la destrucción del bosque y obviamente la permanencia de estos operarios de la alcaldía», aseveró Ruíz.
La Reserva Silvestre Privada El Quebracho, de 120 manzanas de extensión, fue adquirida por la Fundación en 1994 para conservación del bosque tropical húmedo de esa zona y para procesos de educación ambiental y desarrollo de turismo rural comunitario en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz.
Según estudios realizados sobre la biodiversidad en la reserva, se asegura que en esa reserva hay más de 20 especies de reptiles, 20 de anfibios, 25 de mamíferos, 165 de aves, 70 de flora. Además almacena carbono en el bosque por más de 1,277 toneladas.
En 2005, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) emitió un decreto que declara Reserva Silvestre Privada al Quebracho, siendo integrada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua, explicó Ruíz.
Amaru fue claro al señalar el trasfondo de esta acción, que él considera es ilegal, porque la Fundación del Río tiene dos recursos de amparo y un recurso por inconstitucionalidad en la corte suprema de justicia por el despojo arbitrario de su personería jurídica, y mientras ésta no se pronuncia, ese patrimonio legalmente sigue siendo de la organización ambientalista.
«Nosotros creemos que esa repartición obedece a intereses que tienen allí diversos cuadros del frente sandinista en el municipio; y que a partir de allí se van a dividir lo que puedan extraer de madera y de las riquezas forestales que están allí. Luego me imagino que se van a tomar esas áreas para tener fincas o para asentarse allí», denunció Ruíz.
«Este es un acto ilegal, con orientación clara desde la alcaldía, basado en que el señor alcalde ha sido uno de los madereros históricamente, que viene explotando madera desde 1960, a través de empresas forestales, entonces hay una voluntad política de esa acción, conducida por los secretarios políticos del frente sandinista para extraer recursos naturales que estaban en conservación», añadió.
Ruiz advirtió que pronto va a elevar a los organismos internacionales la denuncia de expropiación y de deterioro a los recursos naturales: «Estamos documentando todas las evidencias del caso para luego ser presentadas ante organizaciones internacionales, es decir, ellos ya están enterados de la situación de lo que está pasando y posteriormente vamos a poner la formal denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas», mencionó Ruíz.
IP Nicaragua intentó comunicarse con el alcalde de El castillo, pero el número que aparece en el directorio telefónico aparece suspendido «temporalmente». En la página web de la alcaldía municipal tampoco está disponible el número telefónico. En otras páginas no aparece por ningún lado el número de contacto con el edil para conocer su versión sobre estas denuncias.
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