*Proponen transformaciones en lo económico, social, salud, educación, entre otros aspectos relevantes.
Redacción / IP Nicaragua
La agenda país que presentó la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) busca una total independencia entre los poderes del Estado, evitar el caudillismo y las dictaduras.
La propuesta de agenda contiene aspectos que deben ser abordados desde el ámbito social, económico, salud, educación, medio ambiente, juventud, cultura, justicia y de la Costa Caribe.
El coordinador de la ACJD, Carlos Tünnermann, manifestó que la agenda fue construida a partir del derecho que tiene cada nicaragüense a un “desarrollo igualitario e integral” y al anhelo de tener un “Estado democrático”.
El director ejecutivo de la ACJD, Juan Sebastián Chamorro, señaló que la agenda presentada este jueves constituye un “contrato para sacar a Nicaragua adelante, con deberes y obligaciones, con compromisos y aspiraciones”.
Según Chamorro, la agenda que será abordada en el país en un futuro sin dictadura, “no debe ser un contrato de cúpulas ni de pactos”.
En el ámbito social, la agenda de país propone garantizar servicios públicos de calidad, revisar las tarifas de agua, luz, impuestos y basura, así como otros servicios municipales. Además, no descartan que la seguridad social sea reformada “sin afectar a los pobres ni jubilados”, dijo Daisy George West, socióloga y antropóloga, representante de la Costa Caribe.
La doctora Anelly Pérez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN), expuso la agenda de salud que contempla, entre otras cosas, la mejoría de salarios y condiciones de trabajo a los trabajadores de la salud, promover el acceso a la salud “sin discriminación”.
“Para nosotros es bien importante la despolitización inmediata del sistema de salud. Se debe promover el acceso a salud sin discriminación (…) Tenemos muchos médicos en el exilio que esperamos que retornen”, mencionó Pérez durante su intervención.
La educación en el país, como un derecho básico y universal, ocupa parte de la agenda país propuesta por la alianza opositora.
Lesbia Rodríguez, miembro de la Unidad Sindical Magisterial, señaló que la “despolitización inmediata” de la educación, también será principio básico en una nueva Nicaragua.
“La educación pública en Nicaragua será gratuita, de calidad y pertinente y la educación primaria seguirá siendo obligatoria”, mencionó Rodríguez, quien no descarta el reintegro de todos los maestros que fueron “despedidos o expulsados” durante la represión de abril de 2018.
La líder estudiantil Arianna Moraga, en representación de los jóvenes, planteó la necesidad de que esta agenda responda a las demandas que hace este sector de la población tanto al Estado como a la sociedad civil.
Según Moraga, se deben crear espacios de empleo acordes a los planes académicos ofrecidos por las distintas universidades y centros técnicos en Nicaragua para la juventud nicaragüense y “eliminar aval político para obtener un empleo”.
Para la joven estudiante, es necesario dar acceso a los jóvenes en los espacios legislativos y aprender a no discriminarlos por sus “decisiones e ideas políticas”.
El economista y expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana, planteó los aspectos económicos que deben ser tomados en cuenta para el resurgimiento del país.
Arana señaló que un primer factor es proteger “el derecho a la propiedad privada, colectiva y comunitaria”.
En el 2018, el sector privado denunció que la toma de propiedades privadas fue una de las represalias que utilizó el Gobierno de Daniel Ortega contra los empresarios que apoyaron las manifestaciones pacíficas.
A la fecha, según el sector privado, se mantienen tomadas unas 30 propiedades privadas en siete departamentos del país.
Por otro lado, Arana manifestó que se establecerán políticas que estimulen actividades importantes en el país, como el turismo, un sector que fue fuertemente impactado por la crisis sociopolítica y ahora por la pandemia de covid-19.
“Políticas que estimulen actividades como el turismo, la agroindustria y la construcción”, dijo Arana.
En Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante las protestas fueron asesinados 328 nicaragüenses, más de 2 mil resultaron heridos y muchos tuvieron que exiliarse por la persecución y el constante asedio.
Como parte de las medidas, destacan que cerrarán las cárceles de “El Chipote”, centros que han sido utilizados para torturar a los manifestantes detenidos.
La ACJD propone en esta agenda que “habrá justicia para los culpables de las violaciones a los derechos de la ciudadanía”, para lo cual crearán una Comisión de la Verdad independiente y una fiscalía especial.
Además, permitirán la entrada al país de la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
En el ámbito de las reformas electorales proponen un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) compuesto por “ciudadanos honestos” y la limpieza del padrón electoral.
El poder electoral cumplirá con su función con transparencia, comunicación, información e integridad durante todas las fases del proceso electoral y se creará una nueva ley de partidos políticos que facilite la formación de nuevos partidos jóvenes, puntualizan.
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