* En el área rural la situación de los delitos sexuales contra menores de edad es más dramático, según organismos que trabajan el tema.
Orlando Valenzuela
Cada día cinco niñas de entre 10 y 14 años que fueron abusadas sexualmente quedan embarazadas en Nicaragua, revela un informe de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) y el organismo Reacción Joven.
Las cifras se conocieron durante el cierre de la campaña de prevención de la violencia contra las niñas “Son Niñas no Madres”, organizada por Codeni, donde también se informó que de cada 100 niños que nacen, 25 de ellos provienen de adolescentes de entre 15 y 19 años,
En un informe presentado en ocasión del Día Mundial de la Niña, Jorge Mendoza, miembro del Consejo de Codeni, reveló que según el Compendio de Estadísticas Vitales de 2014 a 2017, el nacimiento en niñas adolescentes es un fenómeno “in crescendo”, ya que en 2017 hubo 636 niñas del área urbana y 1,101 de zonas rurales que dieron a luz producto de embarazos forzados.
“Esto indica que el nacimiento de niñas de otras niñas es más grave en el área rural que en el área urbana y estos solo son datos que están relacionados con niñas de 10 a 14 años. Es parte del supuesto jurídico que las niñas de 10 a 14 años fueron abusadas sexualmente, porque nuestro código penal indica que el acceso carnal, la violación sexual, siempre se produce cuando la víctima tiene entre 10 y 14 años, porque no se presume consentimiento», indicó.
Agregó que el caso de las adolescentes de 15 a 19 años es más dramático, porque en el área urbana hubo 14,259 abusadas y en el área rural 18,504 fueron violadas en el periodo de 2014 a 2017.
“El Instituto de Medicina Legal (IML) antes de la pandemia estaba realizando entre niñas de entre 0 y 17 años, peritajes médicos y resulta que en el año 2018 se hicieron 3,322 valoraciones y en el año 2019 la cifra llegó a 3,765, lo que revela que el fenómeno está creciendo, que las medidas que se han adoptado hasta ahora no han permitido disminuir el ritmo de la violencia sexual contra las niñas y hay que hablar claro; los países que en el mundo tienen cadena perpetua, inclusive pena de muerte, no logran disminuir los índices de criminalidad», detalló Mendoza.
Dijo que la imposición de penas más estrictas y rígidas, nada tiene que ver con la conducta criminal de quienes hacen o ejercen violencia sexual contra mujeres o contra las niñas, de manera que el proyecto de ley para imponer la cadena perpetua en Nicaragua, es una iniciativa un tanto inútil.
El directivo de Codeni estima que ni la ley de cadena perpetua y hasta la pena de muerte no funcionan como disuasivo para la comisión de delitos de este tipo.
“Insistimos las organizaciones en que la mejor medida para prevenir la violencia sexual contra las niñas es la educación. Si nosotros tenemos una sociedad que privilegia el derecho a la educación en todos los niveles para todos durante toda la vida, vamos a tener una generación o una sociedad que respeta los derechos humanos y que efectivamente no va a tocar a las niñas, no va a violar a las niñas, no va a matar a las niñas, que hay que trabajar en la sociedad, en la familia, las instituciones y en los medios de comunicación el flagelo de ‘cosificar’ a las niñas y adolescentes, porque la niñas y adolescentes no se tocan, ni se matan ni se violan”, remarcó Mendoza.
Por su parte, Zayra Arceda, representante de la asociación Reacción Joven, dijo que más de 300 organizaciones sociales, empresas, microempresas y miles de nicaragüenses dejaron de lado sus diferencias para unir sus voces y esfuerzos ante el avance de la pandemia de la violencia sexual que viven miles de niñas y adolescentes cada año e hizo un llamado urgente a los tomadores de decisión para garantizar justicia para todas las menores de edad y establecer todos los mecanismos legales para hacer realidad la protección especial y efectiva que necesitan, especialmente ante una maternidad impuesta.
“El 86 por ciento de los delitos sexuales en Nicaragua ocurren contra niñas y adolescentes mujeres, según datos del IML de 2019. Producto de ello, 3,323 niñas menores de 14 años han sido víctimas de maternidades impuestas en los últimos cinco años», aseveró.
Afirmó que hay que recordar a la sociedad y a las autoridades que la violencia sexual y la maternidad impuesta contra niñas y adolescentes atenta contra su dignidad, degrada su salud mental y vulnera sus condiciones físicas, emocional, económica y psicológica.
«Es un terrible drama para una niña enfrentar un embarazo impuesto y lo es más aún si el delincuente fue su padre, su hermano, abuelo u otro familiar. Lo que ocurre es más del 64 por ciento de los casos, según informe de las autoridades”, señala parte de un comunicado leído por Arceda.
La representante de Acción Joven también informó que durante la jornada lograron recolectar más de 4,440 firmas de ciudadanos que respaldaron el llamado de alerta que hicieron al Estado para que asuma su responsabilidad ante la violación de los derechos humanos de las niñas y adolescentes.
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