- Sectores de la oposición rechazan proyecto de reforma porque consideran que estas facilitarán un nuevo fraude electoral.
Redacción/ IP Nicaragua
Las organizaciones opositoras, partidos políticos y los precandidatos a la presidencia cerraron fila contra la iniciativa de reforma a la Ley 331 o Ley Electoral, propuesta por la bancada sandinista, misma que este miércoles fue enviada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a la Comisión Especial para Asuntos Electorales, para iniciar los trámites de su discusión y aprobación.
Dicha Comisión Especial de Carácter Constitucional para Asuntos Electorales fue creada y aprobada por la Junta Directiva de la AN el jueves 8 de abril y confirmada el lunes 12 de abril.
Lo que indica que los cambios al sistema electoral de cara a las elecciones generales y legislativas del 7 de noviembre, están en manos de cinco diputados sandinistas y dos liberales, que a criterio de la oposición son aliados del partido de gobierno.
La nueva Comisión Especial Electoral está integrada por los diputados sandinistas: María Auxiliadora Martínez, Edwin Castro, Irma de Jesús Dávila, Janny Martínez y Wálmaro Gutiérrez; la diputada del PLC, Rosa Argentina Navarro y el diputado del PLI, Mario José Asensio Florez.
Reforma bloquea participación de oposición
El proyecto de reforma y adición a la Ley Electoral propuesto por los diputados sandinistas que representan la mayoría en el Parlamento, expresa la prohibición de partidos políticos, alianza de partidos y de cualquiera de sus candidatos o candidatas que reciban financiamiento del exterior e inhibe a los considerados como «traidores de la Patria» para optar a cargos de elección popular.
La exposición de motivos y fundamentos del documento de la iniciativa de reforma, expresa que esta iniciativa asume el mandato de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (No.1040) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz (No.1055), aprobadas de urgencia por el parlamento por órdenes del presidente Daniel Ortega.
Ambas legislaciones inhiben a los opositores de ser candidatos y de recibir financiamiento para sus campañas, al ser señalados por el gobierno de Daniel Ortega como «golpistas» y de promover sanciones para sus funcionarios y aliados cercanos, entre otros artículos que traban rotundamente la participación de la oposición en unos eventuales comicios.
Oposición rechaza proyecto de reforma electoral
La plataforma opositora Coalición Nacional, rechazó rotundamente la iniciativa de reforma del gobierno sandinista porque considera que este proyecto «confirma la voluntad dictatorial», de Daniel Ortega.
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A través de un comunicado, la CN advierte que de aprobarse esta reforma se constituiría un retroceso más a la institucionalización democrática del país, frustrando la posibilidad de celebrar elecciones justas, transparentes, competitivas y observadas, necesarias para solucionar la crisis sociopolítica de la nación.
«La dictadura al abrir este proceso de reforma, negándose a establecer un diálogo previo con la oposición, muestra una vez más su falta de voluntad de propiciar una salida democrática y pacífica, mediante elecciones libres que demandamos los nicaragüenses y que exige la comunidad internacional», expresó la CN.
Por su parte, el Partido Ciudadanos por la Libertad (CXL), señaló que la resolución y demanda de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitida en octubre pasado no se contempla en el proyecto de reforma propuesto por los sandinistas.
La OEA emplazó al gobierno de Ortega hasta mayo de 2021 para que implemente en el país reformas verdaderas y creíbles que permitan elecciones justas, libres, transparentes, competitivas y observadas. De lo contrario advirtió que su gobierno podría ser declarado ilegítimo.
«Las reformas (que orientó) de la OEA no están en la reformas a la Ley Electoral. Algunas podrían aparecer en la convocatoria y el calendario (electoral), lo que sucede es que de nuevo se deja una gran responsabilidad al Consejo Supremo Electoral (CSE) para decidir qué quiere implementar y qué no», criticó la presidenta del CXL, Kitty Monterrey, quien también advirtió que esta reforma no cumple con la depuración del padrón electoral, entre otras cosas.
«Hay varias cosas, o mejor dicho casi toda la resolución de la OEA que no está contemplada en esa reforma. Pero vamos a continuarla exigiendo», agregó Monterrey.
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Mientras que para el precandidato presidencial Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional, resulta sumamente preocupante que dicho proyecto de reforma electoral se aleja aún más de la posibilidad de un consenso.
«Las inhibiciones consignadas en las leyes espurias cierran aún más los pocos espacios de participación para la oposición y eso es algo que no podemos aceptar» opinó Maradiaga.
Por otro lado, el también precandidato a la Presidencial, Arturo Cruz, alertó que el gobierno de Ortega está terminando de convertir al CSE en un pelotón de fusilamiento contra los derechos de los nicaragüenses a elegir y a ser electos.
«No lo podemos permitir. Todavía nada está dicho en esta lucha por las condiciones electorales, por eso debemos consensuar acciones para asumir el papel que nos corresponde como oposición democrática», expresó Cruz.
