Una mujer policía pasa junto a personas que hacen cola para ingresar a una escuela utilizada como mesa de votación, durante las elecciones presidenciales, en Managua, Nicaragua, el 7 de noviembre de 2021.
El observatorio Independiente de Urnas Abiertas anunció esta tarde en un primer corte informativo, que registran 200 hechos de violencia política durante el desarrollo del proceso electoral llevado este 7 de noviembre.
Los hechos reportados son descritos por paraestatales armados al interior de los recintos, periodistas detenidos mientras daban cobertura a las votaciones posterior mente puestos en libertad y ejercicio del voto obligado a trabajadores del Estado.
«Se han reportado casas de vigilancia en los alrededores de los CV desde donde se lleva un conteo paralelo de las personas que acuden a las urnas, en esta vigilancia participan trabajadores públicos y personas reconocidas como paraestatales de la zona», señala el informe.
El primer informe describe que los hechos de violencia se reportaron en León, Chinandega, Managua, Masaya, Granada, Chontales, Boaco, Matagalpa, Jinotega y RANC.
«Se reportó la negación de ingreso de fiscales del partido Camino Cristiano y dos periodistas del medio digital Masaya Al Día fueron arrestados mientras daban cobertura a las votaciones y posteriormente fueron puestos en libertad», señala el reporte.
El observatorio señala que trabajadores del Estado reportan que se les obligó a enviar foto de la boleta con su nombre escrito en el sitio donde marca la X para confirmar que la foto corresponde a ello y no a otra persona.
A las 6:15 cerraron los centros de votación donde dónde estaban convocados más de 4,4 millones de nicaragüenses a elegir a sus autoridades generales.
Nicaragua culminó con unas comicios electorales, presidido con el arresto de siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición y con la ausencia de observadores de la OEA y de la Unión Europea (UE).
Nicaragua realizará este domingo las votaciones más cuestionadas de los últimos tiempos bajo un contexto de agravamiento de una crisis de derechos humanos que persiste en el país desde 2018.
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