Desde 2017, la lucha contra la corrupción es un problema predominante en las Américas, especialmente en los países de Venezuela, Haití y Nicaragua, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que publica este martes Transparencia Internacional (TI).
El informe indica que los países de la región percibidos como menos corruptos en 2022 fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69). Mientras que los percibidos como más corruptos fueron Venezuela (14), Haití (17) y Nicaragua (19).
Además el estudio agrega que ningún país del continente registró mejoras significativas en los últimos cinco años en la clasificación IPC.
El IPC clasifica 180 países y territorios, según las percepciones de corrupción en una escala de 0 a 100 (en la cual 0 equivale a muy corrupto y 100 a muy baja corrupción).
El promedio de la región es de 43 puntos y casi dos tercios de los países tienen un menos de 50 puntos.
“Los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar a las redes criminales, el conflicto social y la violencia, y algunos exacerban la amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”, señaló la presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio, en relación a las Américas.
Asimismo indican que tres países descendieron de manera significativa en la escala en los últimos cinco años: Honduras (23), Haití (17) y Nicaragua (19).
Países estáticos, según Transparencia Internacional
De acuerdo con el informe, Chile y Costa Rica, que en años anteriores obtenían los mejores desempeños en el índice de los países latinoamericanos, se mantienen en la misma posición, con 67 y 54 puntos respectivamente. Es decir, no han priorizando la lucha contra los corruptos.
Colombia se mantiene con 39 puntos, Brasil y Argentina 38; Perú, Ecuador y Panamá 36, El Salvador 33, República Dominicana 32, México 31, Guatemala 24, Honduras 23.
Guatemala, en tanto, es uno países que han alcanzado mínimos históricos, con 24 puntos entre los corruptos.
En América, los países no han adoptado medidas contundentes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, lo que ha favorecido a la consolidación de redes criminales que ejercen un poder considerable sobre actores políticos, indicó el informe.
“El único camino viable es que los líderes prioricen las medidas contra la corrupción para extirparla y permitir que los gobiernos cumplan su principal función, que es la de proteger a las personas”, agrega el informe.
