Redacción/ IP Nicaragua
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, que monitorea el proceso electoral en Nicaragua reportó al menos 1.513 hechos de violencia política, ocurridos entre el 1 de octubre de 2020 al 15 de septiembre de 2021.
En el consolidado que han venido realizando, de la mano con el Monitoreo Azul y Blanco, incluyen la censura y represión contra los medios de comunicación independientes, que según el reporte representa el 11.10 por ciento de la violencia política en dicho período.
Urnas Abiertas detalla que entre octubre de 2020 y septiembre de 2022 se han registrado 168 hechos de violencia contra periodistas y sus medios de comunicación.
También señalan que seis de cada 10 hechos han sido contra integrantes de organizaciones o partidos políticos.
A la vez denuncian que siete de cada 10 hechos fueron cometidos por agentes de la Policía Nacional.
Los expertos en temas electorales que conforman el observatorio, explican en su reporte que la violencia política en el contexto electoral: es aquella que tiene como fin, además de restringir los derechos civiles y políticos, restringir los derechos a elegir y ser electos.
La violencia electoral o en el contexto electoral, como subcategoría de la violencia política debe cumplir uno de los dos parámetros para ser clasificada de esa manera:
-Situación: que la situación en la que se da la violencia responde a una actividad enmarcada en el proceso electoral.
-Víctima: que la víctima agredida de manera individual, colectiva o institucional esté involucrada en el proceso electoral.
Violencia política: es aquella ejercida con el fin de restringir los derechos civiles y políticos de personas y organizaciones, a través de agresiones individuales, colectivas o institucionales.
Las elecciones generales en Nicaragua para elegir presidente, vicepresidente, diputados nacionales y ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) son el próximo domingo 7 de noviembre.
El proceso electoral se ha llevado a cabo en medio de un clima de tensión política y represión gubernamental por la detención de al menos 37 dirigentes opositores, entre ellos siete destacados precandidatos presidenciales; suspensión de personería jurídicas de partidos opositores, cierre de medios de comunicación independientes y una nueva oleada de nicararagüense exiliados.
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