Redacción /IP Nicaragua
La violencia política y la persecución judicial que ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada ha persistido en Nicaragua. Urnas Abiertas, a través del séptimo informe de su Observatorio de Violencia Política, registró 214 hechos de violencia política en pleno proceso electoral entre el 16 de julio y el 15 de agosto.
Las elecciones generales en el país, están previstas a realizarse el próximo 7 de noviembre y se han desarrollado en medio de un ambiente de persecución y encarcelamiento de opositores.
De los 214 hechos de violencia política 209 (97.66%) fueron cometidos de manera individual o grupal en contra de la ciudadanía en general, hombres y mujeres de prensa, o integrantes de organizaciones y partidos políticos. Mientras que los otros 5 hechos restantes (2.34%) de forma institucional, es decir contra organizaciones, medios de comunicación o partidos políticos, sin generar víctimas individualizadas.
El observatorio además refleja que entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de agosto de 2021 se han cometido 1.375 hechos de violencia política en el contexto electoral.
El informe de Urnas Abiertas indica que el 43.46%, es decir en 32 de los casos de los hechos de violencia política que se dieron fueron de hostigamiento, como una estrategia intimidatoria en el marco de la verificación ciudadana, que se llevó a cabo los días 24 y 25 de julio.
En este período también se registraron los tratos crueles y degradantes contra las personas detenidas arbitrariamente. Asimismo, incluyen 29 casos de detenciones arbitrarias, que hasta el 15 de agosto se encontraban en condición de desaparición forzada, agrega el informe.
«La violencia ejercida en este período tiene como objetivo eliminar la competencia electoral, así como restringir los derechos políticos de las y los nicaragüenses que se oponen al gobierno», alertan.
Urnas Abiertas registró que entre el 28 de mayo al 30 de agosto al menos 35 personas fueron detenidas arbitrariamente en el marco de la persecución judicial emprendida por el gobierno de Daniel Ortega, e indican que en el período del 16 de julio al 15 de agosto fueron encarcelados los opositores: José Peraza, Francisco Aguirre Sacasa, María Oviedo, Mauricio Díaz y el gerente general del diario La Prenda Juan Lorenzo Hollman.
Que en un contexto electoral existan tantos atropellos a los derechos fundamentales y graves afectaciones a los derechos humanos, así como altas deficiencias en materia de justicia electoral, solo indica que «dicho proceso electoral carece de legalidad y legitimidad y, por tanto, no debería reconocerse como un proceso electoral competitivo, libre, transparente y democrático», advierten los expertos en temas electorales aglutinados el observatorio.
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