Redacción / IP Nicaragua
El actual proceso electoral en el país que culminará con las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, carece «de total legitimidad», ante la ausencia de condiciones y la persecución judicial que dirige el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra todo opositor, alertó el observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
«El absoluto rechazo internacional por las acciones del régimen de Ortega y Murillo no ha evitado que se continúen con las graves violaciones de Derechos Humanos ni con la erosión de las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado», menciona Urnas Abiertas.
Por el contrario, el gobierno de Ortega y Murillo amplió la acusación en contra de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliar desde el pasado 2 de junio, acusada previamente de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense.
El Ministerio Público también acusó a Emma María López y Pedro Vásquez Cortedano «por ser cooperadores necesarios del delito de lavado de dinero». Vásquez Cortedano era el conductor privado de Cristiana Chamorro y está preso desde el 15 de junio.
«Es por eso que es urgente que la comunidad internacional avance hacia el desconocimiento de las elecciones 2021 y el señalamiento de que el Gobierno de Nicaragua no cuenta con legitimidad de origen ni ejercicio para continuar ejerciendo el poder político», destacó el observatorio ciudadano.
Persecución contra la familia Chamorro Barrios
Además de Cristiana Chamorro, quien era la directora de la extinta FVBCH, fue acusado su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, por lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida y gestión abusiva.
Carlos Fernando se exilio, junto a su esposa Desirée Elizondo, en junio pasado tras el allanamiento a su vivienda y el «hecho inminente de que fuera detenido», confirmó posteriormente desde el exilio.
Pedro Joaquín Chamorro, hermano de Cristiana y Carlos Fernando, y quien se encuentra preso desde el pasado 25 de junio, también fue acusado por apropiación, retención indebida y gestión abusiva. Pedro Joaquín es miembro fundador integrante del Partido Ciudadanos por la Libertad y de la Junta Directiva del periódico La Prensa.
«La acusación presentada es un aprueba de la persecución judicial, guerra jurídica o Lawfare que ha sido utilizada como estrategia represiva desde mayo (pasado) con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, utilizando el Poder Judicial con fines extrajudiciales a favor de los intereses del Estado», denunció Urnas Abiertas en un pronunciamiento, titulado «Elecciones sin condiciones y sin legitimidad no pueden ser reconocidas».
Ocho líderes opositores acusados
El 26 de agosto de 2021, el Ministerio Público acusó oficialmente a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, y a los opositores José Pallais, José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila y Manuel Orozco Ramírez, por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Siete de los ocho opositores se encuentran detenidos y no han tenido comunicación ni con sus familiares ni abogados. De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, todos son «presuntos autores de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conforme a los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicararagüense y el Estado de Nicaragua».
Según la información del MP, se realizó la audiencia preliminar en la que la autoridad judicial admitió la acusación y decretó prisión preventiva para los acusados que están bajo detención judicial y orden de detención para la persona acusada que se encuentra sin detener.
