Redacción / IP Nicaragua
El proceso electoral en Nicaragua ha sido «conculcado de manera sistemática» a través de una manipulación excluyente del padrón electoral, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por lo que es necesario la «suspensión» del proceso, concluyó el el observatorio Urnas Abiertas en un reciente informe.
A diez días de las elecciones generales, Urnas Abiertas presentó este 27 de octubre el informe titulado «Nicaragua: Elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia», en el que concluyen que la integridad del proceso está «comprometida» y, en consecuencia, las elecciones del 7 de noviembre de 2021 «carecen de legitimidad».
«El proceso electoral es histórico para Nicaragua, se ubica en contexto internacional marcado por un super ciclo electoral en Latinoamérica; segundo porque el país atraviesa una crisis por la Covid-19 y tercero, son las primeras elecciones después de 2018», refirió Pedro Fonseca, politólogo e investigador de Urnas Abiertas.
Un tribunal electoral imparcial
El informe señala que el Consejo Supremo Electoral (CSE) es un tribunal que «actúa fuera de los estándares democráticos de imparcialidad y transparencia», por tener autoridades que actúan como «militantes del FSLN» o bien son señalados como «colaboracionistas con el partido de gobierno» que dirige Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El CSE, según el informe, oculta información de relevancia para la ciudadanía y se niega a brindar los datos reales del padrón electoral, pese a que la ley establece su publicación en las afueras de los Centros de Votación (CV) hasta 90 días antes de la elección.
En el actual contexto electoral, otra de las irregularidades detectadas está relacionada a la supresión de un 25% de los Centros de Votación para esta elección, es decir desaparecieron 1,100 de un total de 4,300 que había en 2017, principalmente en los departamentos de Jinotega, Matagalpa y Managua, tres de las principales plazas electorales del país.
Llamado a suspender elecciones
El informe de Urnas Abiertas exhorta al gobierno de Ortega y Murillo a la «suspensión y reprogramación de las elecciones», para que las mismas sean convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas que a la fecha han sido rechazadas por el tribunal electoral.
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De acuerdo con el análisis de este observatorio el proceso de elecciones está «viciado» de origen por todas las anomalías detectadas en el camino.
«El desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del 7 de
noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje la libre expresión de la voluntad popular como exigen los estándares democráticos y los convenios y declaraciones internacionales de derechos y libertades suscritos por el Estado nicaragüense», señalan en el informe.
Violación de derechos humanos
Olga Valle, investigadora de Urnas Abiertas, destacó que la elección de noviembre próximo en la que se deben elegir presidente, vicepresidente y diputados para ocupar cargos en la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano se realizarán bajo un contexto de persecución política y violación a los derechos humanos.
Nicaragua se encuentra en riesgo de un “apagón informativo” por los ataques a la prensa independiente, mencionó Valle.
Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al gobierno, entre las que destacan aspirantes a la presidencia, periodistas, líderes sociales y personas naturales, en general opositoras que son «víctimas de la represión».
Anomalías del proceso electoral
El informe recoge una serie de anomalías que también impiden que el proceso electoral sea legítimo. Para las elecciones de 2021 el CSE llamó a 4.4 millones de personas para votar, lo que refleja una disminución de 617,413 con respecto al proceso de 2017.
Por otro lado, no se observa incremento natural de 100, 000 personas nuevas por año como venía en su comportamiento habitual.
«El padrón electoral de 2021, según las tendencias de 1990 a 2017, debería ser de 5.5 millones de personas. La posible ausencia de 1 millón de personas en el padrón electoral representa un aproximado del 20% de la
población apta para votar», señala Urnas Abiertas.
El informe fue elaborado en coordinación con IDEA Internacional y contó con el auspicio de otros centros internacionales.
«El caso nicaragüense es particularmente intenso, lo cierto es que procesos de este tipo los estamos viendo en varios países de la región, procesos de desmantelamiento de la institucionalidad democrática», mencionó Roberto Casas-Zamora, secretario general de IDEA Internacional.
