Redacción / IP Nicaragua
El observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas confirmó en un informe que el proceso electoral de Nicaragua, en el que se elegirá al presidente y disputados el 7 de noviembre, no cumple con los “estándares internacionales”.
La elección de los 153 Comités Electorales Municipales (CEM), llevado a cabo el pasado 22 de junio, es una de las actividades que realizó el Consejo Supremo Electoral (CSE), pero bajo “irregularidades” en el proceso de conformación, según el reporte de Urnas Abiertas.
Urnas Abiertas recibió reportes que, a la hora del proceso de conformación, en algunos casos, hubo “aislamiento de funciones al segundo miembro”.
De acuerdo a la nota del CSE se nombraron un total 306 personas como segundos miembros, entre propietarios y suplentes, los que quedaron distribuidos entre todos los demás Partidos Políticos y Alianzas de Partidos participantes.
De conformidad con la actividad número 16 del Calendario Electoral, el pasado 22 de junio, se nombraron un total de 918 personas para la conformación de los Consejos Electorales Municipales (CEM), de los 153 municipios del país, según informó el CSE.
No obstante, Urnas Abiertas recibió información de que hubo “usurpación de funciones” por parte de militantes del FSLN o por administradores o coordinadores de los Consejos Electorales Departamentales (CED).
El observatorio multidisciplinario explicó que los CED deberían de ejecutar únicamente tareas administrativas, por lo que asumir otras funciones están “usurpando de esta manera las responsabilidades de estos organismos de administración electoral”.
La “juramentaciones en ausencia” y el hecho que los partidos “no recibieron las actas de juramentación”, además de los “mítines políticos partidarios durante la juramentación”, fueron también parte de las irregularidades registradas.
Por otro lado, el CSE realizó convocatorias en diferentes horarios para confundir a las ternas elegidas para los CEM; “señalamientos de falsa membresía partidaria; y secretismo general en el desarrollo de esta actividad del calendario electoral”.
“En distintos departamentos se señaló que muchas personas integrantes de partidos políticos participantes del proceso electoral no han querido hacer denuncias públicas de las irregularidades por temor a represalias del Gobierno”, manifestó Urnas Abiertas.
En este cuarto informe Urnas Abiertas reafirmó que las condiciones actuales respecto a normativa electoral y derechos humanos “no cumplen con los estándares internacionales para desarrollar un proceso electoral justo, legítimo y creíble el próximo 7 de noviembre”.
Quienes conforman este observatorio concluyen persiste la situación de “persecución judicial contra opositores”.
Entre el 28 de mayo y el 27 de junio pasados, al menos 21 personas fueron detenidas “arbitrariamente”, entre ellas cinco aspirantes a la Presidencia, diez dirigentes políticos, dos liderazgos empresariales, un periodista y tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, detalló Urnas Abiertas.
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