El observatorio ciudadano, Urnas Abiertas, denunció que la campaña electoral que finaliza este martes 1 de noviembre en Nicaragua, se desarrolló en un contexto donde no existe la competencia electoral.
El observatorio Urnas Abiertas que esta campaña electoral inició marcada por la confusión tras los efectos del huracán Julia.
«Algunos partidos colaboracionistas informaron que fueron notificados de que la campaña sería reducida a 13 días, empezando el 20 de octubre, debido a las afectaciones del huracán, sin embargo, el Consejo Supremo Electoral (CSE) nunca informó oficialmente esta disposición».
Durante todo el período de campaña hubo un notorio silencio, señaló el observatorio electoral.
«El ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica como deberían ser las elecciones, las calles carecen de publicidad política notoria a excepción de unos pocos afiches, los mítines o caravanas en las calles son inexistentes», destaca Urnas Abiertas en su informe.
Y agrega que «los pocos actos políticos registrados durante los dos últimos fines de semana no fueron masivos, la participación se limitó a actividades que no superaron a algunas decenas de personas».
«Desde el 12 de octubre tanto los partidos colaboracionistas como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han realizado principalmente publicaciones en redes sociales sobre propaganda política».
Urnas Abiertas señaló que el trámite con el que están cumpliendo los partidos solo sirve para justificar el reembolso millonario de más de 450 millones de córdobas que reclamarán las organizaciones políticas al finalizar su participación en un proceso «sin condiciones ni garantías democráticas».
La reforma electoral aprobada en mayo de 2021 eliminó el requisito para los partidos políticos de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso.
En esa reforma tampoco quedó específicamente claro que para acceder a dicho reembolso se debe de demostrar contra factura los gastos en los que el partido incurrió, es decir la Contraloría debería de aprobar el reembolso basado en lo que el partido demuestre que gastó, «aunque el porcentaje de votos le permitiese un techo de financiamiento mayor», denunció Urnas Abiertas, en su más reciente boletín informativo.
«La Contraloría no está obligada a hacer pública las facturas o los análisis bajo los que aprueban los reembolsos, según la normativa, manejando esa información sin transparencia», añadió.
En su informe, el observatorio detalló que “fuentes internas de los partidos colaboracionistas han revelado a medios de comunicación que la Policía les dio permiso de realizar actividades políticas en lugares cerrados, lo que confirma la colaboración que existe entre estos partidos y el régimen, ya que ninguno de sus eventos fue asediado a pesar de la violencia generalizada y estado policial de facto que mantiene el régimen en el país”.
En comparación con las elecciones de 2017, se puede observar una drástica disminución de la participación política de la ciudadanía en estos comicios, para entonces se realizaron movilizaciones y actos políticos concurridos.
“Para estas elecciones, en cambio, los partidos colaboracionistas reciben en sus publicaciones de redes sociales comentarios y reacciones sarcásticas y ofensivas, según el monitoreo realizado por Urnas Abiertas en las plataformas digitales.
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