Redacción / IP Nicaragua
Un grupo de 50 sacerdotes nicaragüenses solicitó refugio en Honduras y Costa Rica ante los constantes actos de represión y hostigamiento contra su labor, reportó el medio hondureño El Heraldo.
El medio indicó, que hasta el momento, de las 50 peticiones que han expresado los sacerdotes para huir del país vecino, una ya fue hecha y entregada formalmente a la Diócesis de Danlí.
“Nosotros estamos disponibles para recibir a aquellos sacerdotes que en circunstancias extremas tengan que salir de Nicaragua. De esta forma puedan integrarse a la vida de la iglesia en El Paraíso”, agregó el obispo.
José Canales, obispo de la Diócesis de Danlí, El Paraíso, dijo a El Heraldo que los sacerdotes han denunciado un rechazo rotundo al actual régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega.
La razón principal por la cual están siendo perseguidos se debe a no compartir los mismos ideales de Ortega, a tal punto de abrir un expediente contra los grupos religiosos que critiquen o se opongan de forma pública a la estructura establecida por el actual Gobierno.
“Ellos nos han expresado estar en contra de las situaciones de injusticia e irrespeto de los derechos humanos en su país”, dijo Canales a El Heraldo.
En Nicaragua, el régimen mantiene secuestrado al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Un grupo de ocho sacerdotes además están encarcelados como un patrón marcado de los ataques del régimen contra la Iglesia en Nicaragua.
El periódico añadió que consultó con Canales si los sacerdotes han sido maltratados físicamente por oponerse al mandato actual, sin embargo, el obispo señaló que “los golpes han sido psicológicos”.
“Considero que esto es peor que una patada, policías en las afueras de las parroquias, rodeando sus casas o recibiendo llamadas telefónicas para tratar de angustiarlos”, declaró.
Desde el 2018, en el contexto de represión armada contra las protestas civiles, los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica han sido blanco de ataques verbales y agresiones físicas de parte del régimen de Daniel Ortega, por demandar el respeto a los derechos humanos.
En este contexto dos sacerdotes han sido condenados por delitos comunes.
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