* El nuevo de Régimen de Sanciones Globales de Derechos Humanos es comparado con la Magnitsky de Estados Unidos.
Redacción IP Nicaragua
El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó un nuevo de Régimen de Sanciones Globales de Derechos Humanos dirigido a castigar en cualquier parte del mundo a “personas, entidades y organismos” que cometen graves violaciones y abusos de los derechos fundamentales.
“Por primera vez, la UE se está equipando con un marco que le permitirá dirigirse a personas, entidades y organismos, incluidos actores estatales y no estatales involucrados o asociados en violaciones y abusos graves de derechos humanos en todo el mundo, no importa donde ocurrieron”, dice la comunicación emitida este lunes 7 de diciembre.
El régimen de sanciones establece la prohibición de viaje y la congelación de fondos que se aplicarán tanto a las personas como a las entidades.
Además, las personas y entidades de la UE “tendrán prohibido poner fondos a disposición de los enumerados, ya sea directa o indirectamente”.
“Necesitamos un régimen global para ganar más flexibilidad para perseguir a los violadores y abusadores de los derechos humanos sin importar dónde se encuentren”, dijo el Alto Representante Josep Borrell.
El marco para las medidas restrictivas específicas definido por la UE se aplicará a actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones o abusos graves de los derechos humanos, menciona la nota publicada por la UE.
Esos delitos incluyen prácticas de tortura, esclavitud, ejecuciones extrajudiciales, arrestos o detenciones arbitrarias.
“Otras violaciones o abusos de los derechos humanos también pueden estar comprendidos en el ámbito del régimen de sanciones cuando esas violaciones o abusos sean generalizados, sistemáticos o sean motivo de grave preocupación en lo que respecta a los objetivos de la política exterior y de seguridad común establecidos en el Tratado (artículo 21 TEU).”, señala la UE.
“Con el nuevo Régimen de Sanciones Globales de Derechos Humanos de la UE, podremos proceder más rápido y ser más eficientes”, enfatizó Borrell.
La norma establece que corresponderá al Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecer, revisar y modificar la lista de sanciones.
En octubre pasado, la UE extendió hasta el 15 de octubre de 2021, las sanciones impuestas contra seis funcionarios del Gobierno de Ortega y estableció la posibilidad de ampliarlas contra otras personas.
El primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía sandinista, y los comisionados generales Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional; Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, y Justo Pastor Urbina, director de Operaciones Especiales, figuran entre los sancionados por ser responsables de las “graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”.
El pasado 30 de noviembre, en un vídeo publicado en sus redes sociales, la eurodiputada, Soraya Rodríguez, señaló que la UE necesitaba una iniciativa de este tipo similar a la Ley Magnitsky que tiene Estados Unidos y con la cual se sancionó a funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega.
La Ley Magnitsky es una ley aprobada en Estados Unidos que persigue a extranjeros acusados de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La eurodiputada Rodríguez señalaba que la ley debía contener al menos tres elementos importantes para frenar a los regímenes corruptos.
“Debe contemplar la corrupción: los regímenes corruptos vulneran los derechos humanos precisamente para mantener y perpetrarse en el poder. En segundo lugar, necesita contar con la participación de la sociedad, la sociedad civil; las organizaciones defensoras de derechos humanos que son víctimas directas de estos regímenes. Y, en tercer lugar, necesitamos que la adopción de sanciones a los perpetradores directos, a los culpables directos de la violación de derechos humanos se puede hacer por mayoría cualificada”, mencionó.
La parlamentaria europea recordó la situación de Nicaragua donde “el régimen político está encarcelando a los defensores de las libertades, a los opositores”.
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por encargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusó en diciembre de 2018 al Estado de Nicaragua de cometer actos que deben considerarse “crímenes de lesa humanidad”.
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