La Universidad Centroamericana (UCA) confirmó oficialmente la incautación de sus bienes inmuebles y cuentas bancarias, tras acusaciones del régimen de que funcionó como un «centro de terrorismo».
«Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando a grupos delincuenciales», se lee en la comunicación interna que circularon las autoridades universitarias.
Tras conocerce la información, el personal docente y administrativo fue despachado a sus hogares, según confirmó IP Nicaragua.
El martes, 15 de agosto, a las 5:29 minutos de la tarde, la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, notificó a las autoridades de la universidad.
La incautación incluye los «bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”, los que pasan a favor del Estado de Nicaragua.
El comunicado describe que el Estado «garantizará la continuidad de todos los programas educativos”.
Tras recibir esta notificación, esta alma máter suspendió a partir de este miércoles todas las actividades académicas y administrativas «hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”.
De esta manera se concretó la confiscación de la universidad que está en el centro de los ataques del régimen desde la semana pasada.
IP Nicaragua consultó a varios abogados, pero afirman que la resolución no está registrada en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) que tiene como función recibir cualquier tipo de documento dirigido a los Tribunales de la sede judicial.
Varios trabajadores de la universidad, sin embargo, salieron del país por miedo a represalias.
El martes 15 de agosto, la universidad había dicho que estaban realizando los pagos correspondientes a la primera quincena del mes de agosto. «El día de mañana, 16 de agosto 2023, continuaremos con dicho proceso», afirmaban en esa comunicación.
La UCA enfrenta problemas de pagos luego que el régimen congeló sus cuentas bancarias, un acto que repudiaron estudiantes y sociedad civil.
«Es alarmante y repudiable que la dictadura sandinista haya procedido a congelar las cuentas bancarias de la UCA, así como las cuentas de los miembros del Consejo Universitario, de algunos directores y la inmovilización de sus bienes. Estas acciones infundadas, basadas en supuestas acusaciones de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, formando parte de una estrategia para sofocar la resistencia y silenciar las voces críticas», señalaron en un comunicado siete organizaciones nicaragüenses.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó la acreditación al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA).
«Se revoca la renovación de la acreditación emitida el 17 de abril del presente año al Centro de Mediación de la Universidad Centroamericana (UCA), registrado con el número perpetuo 00-2006 con domicilio en Managua», indica una resolución de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), publicada este lunes 14 de agosto en La Gaceta, diario oficial del país.
A la fecha, el régimen ha expropiado 26 universidades privadas en todo el país, dejando a más de 37 mil estudiantes en el limbo académico.
«La UCA no es la única Universidad que ha sido afectada, que ha habido varias universidades que ya han sido confiscadas y robadas en Nicaragua (…) la UCA ha estado en el foco de la resistencia, que ha sido una de las universidades que ha demostrado un activismo social bastante activo, es todos los momentos cruciales de nuestra historia desde su existencia que ahora está siendo cooptada como un zarpazo más de la dictadura a la educación superior», refirió el excarcelado político, Max Jerez.
Jerez, expulsado de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), confiscada por el régimen, mencionó que la «comunidad internacional no debe dejar pasar acciones como estas».
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