* María Esperanza es la única presa política mujer en Nicaragua en la actualidad.
Nayira Valenzuela / IP Nicaragua
Víctor Soza y María Esperanza, dos autoconvocados de Matagalpa, fueron declarados culpables por el delito de tráfico de estupefacientes.
La sentencia en contra de los dos opositores al gobierno de Daniel Ortega será leída dentro de tres días.
El Ministerio Público solicitó la pena máxima de ese delito, de 15 años, y la multa máxima, de 800 días multa.
María Esperanza Sánchez, de 51 años de edad, originaria de Matagalpa, decidió refugiarse en Masaya debido al constante asedio de policías y paramilitares por su participación en las protestas contra el gobierno. Luego, la mujer fue capturada en la ciudad de las flores el 26 de enero, por la noche, y fue acusada por supuesto tráfico de drogas, junto a Víctor Soza, también originario de Matagalpa. A este lo capturaron el mismo día por la mañana en Matagalpa.
María Esperanza era una destacada activista y opositora del gobierno de Ortega. Su participación en las protestas y marchas azul y blanco fue constante a pesar de padecer de varias enfermedades crónicas.
Víctor Soza es otro opositor que hacía protestas a través de las redes sociales. Tenía una página en Facebook, llamada «Armando guerra a ortega», en la que publicaba notas de los presos políticos, de las personas que iban siendo detenidas y de los familiares que eran asediados.
CONTRADICCIÓN
Según la acusación del Ministerio Público, María Esperanza Sánchez y Víctor Soza fueron capturados juntos, el 27 de enero, en el kilómetro 10.2 Carretera a Masaya, con dos paquetes de marihuana comprimida cada uno.
Describe que ella los llevaba en un bolso de mujer, color crema, y él en una mochila color oscura, pero según movimientos autoconvocados María Esperanza Sánchez fue capturada en su casa de seguridad, el 26 de enero por la noche, y Víctor, el mismo día pero en horas de la mañana.
El fiscal acusador fue Carlos Rafael Espinoza Castilla, quien solicitó la pena antes mencionada.
ESTADO DELICADO
María Esperanza Sánchez es la única presa política mujer en Nicaragua en la actualidad. Sus familiares han denunciado que padece de enfermedades crónicas y que le han negado asistencia médica en el Sistema Penitenciario de Mujeres.
La CIDH mencionó este viernes el caso de la autoconvocada Sánchez “que padece enfermedades crónicas preexistentes y presenta síntomas de covid-19, sin atención médica apropiada”. El organismo internacional que trabaja con derechos humanos escribió un tuit en el que exhortó al Gobierno adoptar medidas que ayuden a “proteger integridad y salud” de las personas privadas de libertad.
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