Esta mañana el Gobierno de Taiwán dijo que el gobierno de Nicaragua está obligado a proteger las instalaciones de su embajada junto con su propiedad y archivos, en base al derecho internacional.
La respuesta se dio ante el anuncio del Gobierno de Nicaragua, que informó que todos los bienes que tenía el Gobierno de Taiwán en el país centroamericano quedan con absoluta e irrestricta propiedad de dominio de China, como producto del establecimiento de relaciones con el gigante asiático tras haberlas roto con la isla.
“De acuerdo a nuestra legislación, no caben transacciones, traslados, o traspasos entre estas, supuestas donaciones, cuya intención solo evidencia la naturaleza ilegal y voraz de quienes pretenden, con maniobras y subterfugios, apropiarse de lo ajeno”, agregó la Procuraduría.
Esta mañana, Taiwan recordó que es una nación democrática soberana e independiente que no está subordinada a la República Popular China.
«De conformidad con el derecho internacional relacionado y el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tras la terminación de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y Nicaragua el 10 de diciembre de 2021, el gobierno de Nicaragua está obligado a proteger las instalaciones de la Embajada de la República de China (Taiwán), junto con su propiedad y archivos. El gobierno de Taiwán no puede aceptar y protesta enérgicamente por la ocupación ilegal de su propiedad y su transferencia ilegal a la República Popular China», señaló un comunicado publicado por el Gobierno de Taiwán.
El gobierno de Taiwán también condenó la obstrucción arbitraria por parte del gobierno de Nicaragua de la venta simbólica de su propiedad a la Iglesia Católica en Nicaragua y el anuncio de su ocupación el 27 de diciembre.
Taiwán dijo que tras la terminación unilateral de las relaciones diplomáticas con Taiwán el 10 de diciembre, el gobierno de Nicaragua violó la práctica internacional al exigir que todos los diplomáticos y el personal taiwanés sean retirados de Nicaragua antes del 23 de diciembre.
Actualmente la Iglesia Católica, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el caso.
La Procuraduría General de la República de Nicaragua advirtió de posibles acciones judiciales contra los reclamantes.
“Aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, quedarán expuestas a los tribunales y acciones judiciales correspondientes”, sostuvo la institución gubernamental.
