Redacción / IP Nicaragua
La presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyen Barahona, fue sentada en el banquillo de los acusados para enfrentar a la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y declarada culpable en pocas horas.
Barahona cumple este 7 de febrero 239 días de estar encarcelada desde que secuestrada el 13 de junio de 2021 y podría enfrentar una condena de 15 años a solicitud del Ministerio Público.
Igual que a todos los presos políticos que fueron declarados culpables la semana pasada se le acusó de del delito de menoscabo a la integridad nacional.
La opositora es parte de los presos políticos que fueron detenidos en el contexto previo a las elecciones de noviembre de 2021.
Las más de 40 personas que fueron arbitrariamente detenidas desde mayo de 2021 cuando el régimen empezó su cacería son acusados de violar la Ley 1055, mejor conocida como Ley de Soberanía.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) alertó a los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las arbitrariedades cometidas en los juicios.
El organismo de derechos humanos señaló que este 7 de febrero, sin lugar a dudas, el «Poder Judicial al servicio de la dictadura, la declarará culpable de delitos que no ha cometido».
La opositora funge desde el 19 de noviembre de 2017, después que relevó en el cargo a Ana Margarita Vijil, también presa política del régimen Ortega Murillo.
Barahona además es defensora de causas feministas y ambientales. Desde que está detenida ha estado limitada a salir al sol una vez por semana o cada 15 días, además es sometida a otras formas de torturas en la prisión.
En diciembre de 2021 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), denunció que Barahona y otras presas políticas sufrían tortura y maltrato en la cárcel.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció que estas condenas solo persiguen «criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos» en Nicaragua.
«Estos juicios son ilegales y no respetan los estándares mínimos del debido proceso: se llevan a cabo en un complejo policial y no en un Juzgado como exige la ley, las instalaciones son altamente militarizadas, se ha violado de forma flagrante el derecho a la defensa, los abogados y abogadas no han tenido acceso a todo o parte de los expedientes y tampoco han logrado conversar libremente con las personas detenidas», señaló la FIDH en un comunicado.
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