El Gobierno de Suiza renovó las sanciones contra 21 funcionarios nicaragüenses, entre ellos seis miembros del entorno del presidente Daniel Ortega.
El Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza indicó que se mantienen las sanciones contra dos asesores personales de Ortega y cuatro representantes de alto rango del Poder Judicial y de la Policía a los que se acusa de violaciones de los derechos humanos.
De la familia presidencial están sancionados Rosario Murillo, vocera y vicepresidenta del régimen y sus hijos Laureano, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo.
Suiza señala que Camila utilizó la plataforma Nicaragua Diseña para apoyar las fraudulentas elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.
Las sanciones afectan directamente al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; Luis Ángel Montenegro, titular de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sboif); Sonia Castro, exministra de Salud; y Néstor Moncada Lau, asesor presidencial.
También incluyen a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido; y la directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Janett Díaz Flores.
Sanciones de Suiza golpean a la Policía
Los comisionados generales de la Policía Francisco Díaz, Ramón Avellán, Luis Pérez Olivas, Juan Valle Valle, Justo Pastor Urbina y Fidel Domínguez son incluidos en la lista.
El asesor económico del régimen Bayardo Arce y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos también figuran entre los sancionados.
Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, Brenda Rocha y Cairo Amador, quienes avalaron también las elecciones municipales en 2022 están en la lista de sancionados.
El castigo contra estos funcionarios consisten en que sus bienes permanecen congelados y se les prohíbe el ingreso o tránsito por esa nación.
La Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Consejo Supremo Electoral, instituciones nicaragüenses están enlistadas por Suiza. La renovación de estas sanciones entró en vigor el pasado 24 de enero.
