La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó este jueves su respaldo al pedido de los familiares por la liberación del periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, quien enfrenta una condena de nueve años de prisión.
La organización insistió de forma pública en su excarcelación y la de otros dos comunicadores por razones humanitarias, «tomando en cuenta las deplorables condiciones en las que cumplen sus sentencias y el rápido deterioro de salud que padecen».
Mendoza inició una huelga de hambre el pasado 19 de septiembre como una medida de presión para demandar al régimen le permita ver a su hija Alejandra, de ocho años, dijeron sus familiares este miércoles en un comunicado.
El comunicador dejó saber a sus familiares su decisión durante la última visita que sostuvieron el pasado 27 de agosto en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Chipote», donde permanece detenido desde el 21 de junio de 2021.
Este 22 de septiembre Mendoza cumple 456 días sin poder ver y abrazar a su hija Alejandra, quien escribe mensajes sobre la ausencia de su padre.
«En la visita del sábado 27 de agosto se le informó a Miguel sobre las afectaciones físicas y emocionales que ha provocado en la niña esta separación cruel y forzosa», denunció Karla Mendoza Urbina, hermana del periodista.
La SIP ha reiterado en numerosas ocasiones su solicitud a la comunidad internacional para cerrar filas sobre los casos de los periodistas Miguel Mendoza, Miguel Mora, Jaime Arellano, Juan Lorenzo Holmann, Pedro Joaquín Chamorro y Cristiana Chamorro, y ha responsabilizado al gobierno por lo que les pudiera suceder.
Cristiana Chamorro, cumple su condena en arresto domiciliario, desde que fue detenida el 1 de junio de 2021.
Pedro Joaquín Chamorro y Jaime Arellano pasaron de la prisión a casa por cárcel, debido al deterioro de su salud.
La SIP aseguró que mantiene en la agenda pública el caso de Nicaragua y de los presos de conciencia.
En abril pasado, junto a otras 26 organizaciones nacionales e internacionales de prensa, se firmó la Declaración sobre Nicaragua.
En mayo, durante una misión a Washington, D.C., denunció el encarcelamiento y la persecución de periodistas nicaragüenses ante el Departamento de Estado, legisladores, la Organización de Estados Americanos, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humano, y de instituciones dedicadas a los derechos humanos.
En julio, se realizó una campaña pública en medios y redes sociales para divulgar las semblanzas sobre cada uno de los periodistas condenados.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la agrupación política, Ciudadanos por la Libertad (CxL), expresaron este miércoles su respaldo a la petición de una amnistía que solicitaron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los familiares de los presos políticos.
«El Cosep expresa su respaldo al pronunciamiento emitido por los Familiares de presos, ayer 20 de septiembre de 2022», señala el comunicado de la principal organización del sector privado del país.
En la lista de más de 205 presos políticos en Nicaragua se encuentran los expresidentes del Cosep, José Adán Aguerri y Michael Healy, así como su exvicepresidente Álvaro Vargas.
«Exhortamos a todos los actores, acoger el llamado de amnistía manifestado por los familiares, con el fin de unir a la familia nicaragüense», dijo el Cosep en un escueto comunicado.
La cúpula empresarial manifestó que «la historia de Nicaragua nos ha enseñado que, dentro del dolor, la generosidad de los nicaragüenses ha sobresalido siempre».
«La libertad de los presos políticos es un asunto de justicia y humanidad que no debe seguir siendo postergado y debe unirnos a todos los nicaragüenses, quienes a diario convivimos con el dolor de hombres y mujeres inocentes a quienes les ha sido arrebatada su libertad por exigir la democratización del país», instó CxL.
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