La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió la intensificación de la represión en Nicaragua, que dejó tres periodistas detenidos desde abril.
Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10, Hazel Zamora Hernández, corresponsal también de Canal 10 en la ciudad caribeña de Bluefields y William Aragón, ex corresponsal del diario La Prensa, en Estelí, son los periodistas detenidos en abril.
Zamora Hernández y Aragón fueron detenidos a inicios de mayo y acusados de forma exprés, por el delito de conspiración contra el Estado y la sociedad y propagación de noticias falsas, delitos considerados «traición a la patria».
Horas más tardes de sus detenciones, Zamora y Aragón, al igual que a una treintena de personas capturadas la semana pasada fueron puestos en libertad condicional y están obligados a presentarse diariamente a firmar ante un juzgado.
En cambio, el periodista Ticay continúa preso desde el 6 de abril por filmar el Miércoles Santo una procesión religiosa en la ciudad de Nandaime, en el departamento de Granada.
Directivos de la SIP: «Aparentan ser una purga»
La organización instó a la comunidad internacional a denunciar con celeridad la persecución del régimen contra las libertades de expresión y de prensa.
Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, condenó la nueva arremetida de los ataques a las libertades de expresión y de prensa que, dijo, «aparentan ser una purga para forzar a que quienes critican al régimen salgan del país y silenciar a la oposición».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, reiteró el pedido de la organización a la comunidad internacional para seguir «denunciando la persecución enfermiza del régimen de los Ortega-Murillo y actuar con celeridad ante las acciones contra periodistas y líderes opositores».
La ola de represión de la semana pasada incluyó además detenciones de activistas, campesinos y opositores al gobierno en varias zonas del país.
En febrero el régimen expulsó a 222 presos políticos y los despojó de su nacionalidad, así como a otras 94 personas, entre ellas 10 periodistas, que permanecían en el país.
Desde 2018, más de 185 comunicadores se han visto obligados al exilio, 21 entre octubre de 2022 y abril, según el informe sobre Nicaragua presentado en la pasada reunión semestral de la SIP.
