La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró preocupación por el nuevo uso indebido, ilegal y anticonstitucional que el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua dará a la rotativa e instalaciones robadas al diario La Prensa de Nicaragua.
«El gobierno planea utilizar las prensas e instalaciones del diario para abrir un medio de comunicación oficial que publique la propaganda gubernamental», alertó la organización.
El pasado lunes, el diario La Prensa denunció que el régimen echará a andar la imprenta que fue ocupada al rotativo en agosto de 2021 y que se encuentra desde entonces bajo registro policial.
«El diario La Prensa se publica en forma digital fuera de Nicaragua desde que el gobierno tomó sus instalaciones el 13 de agosto de 2021, y el gobierno ahora está contratando personal que trabajaba para la empresa, debido a su conocimiento especializado en el uso de las prensas y demás equipos de producción del diario y de la imprenta comercial», denunció la SIP.
La Prensa, el diario más antiguo de Nicaragua, era además el medio de comunicación escrito más crítico del régimen orteguista.
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que «alarma que, además de haber confiscado ilegítimamente y despojado los bienes de una empresa privada, el régimen tenga ahora el descaro de usar los bienes del medio para fines propagandísticos».
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Estados Unidos, expresó: «No nos sorprende la naturaleza de un régimen que encarcela a periodistas por delitos inventados, fuerza al exilio a periodistas y que ha confiscado bienes e inmuebles para su beneficio».
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que «un régimen como el de Ortega no está dispuesto a crear un medio público para que los ciudadanos reciban información imparcial y transparente sobre los actos del gobierno».
Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó: «Este es un nuevo intento para usar la maquinaria propagandística y las mentiras con el fin de seguir creando su propia narrativa para engañar al pueblo».
La confiscación de los bienes de estas empresas y organismos son una clara violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción”.
Ese artículo también establece que estos bienes solo “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley”.
Y lo que la ley establece es que en los casos necesarios esta se realice “previo pago en efectivo de justa indemnización”. El artículo 44 de la Carta Magna también establece que “se prohíbe la confiscación de bienes” y que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
La SIP recalcó que «el valor comercial de los bienes usurpados a La Prensa se estima en alrededor de 20 millones de dólares».
En su edificio, el régimen instaló el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, a cargo del Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y también recordó que las sedes de Confidencial y 100% Noticias fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente.
El Índice Chapultepec de la SIP de agosto de 2021 a agosto de 2022 muestra a Nicaragua en el último lugar de los 22 países de las Américas analizados por su desempeño en las libertades de expresión y de prensa.
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