La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica en Nicaragua se agrava cada día más. Desde 2018, varios hechos han marcado al purpurado nicaragüense.
Robos a templos católicos, destrucción de imágenes, expulsión de sacerdotes y detenciones, incluso una investigación por el delito de lavado de dinero son algunas de las situaciones que marcan a la Iglesia católica en el país centroamericano.
«Con las recientes embestidas que ha cometido la dictadura con la Iglesia católica nicaragüense queda evidenciado que se mantiene una guerra abierta contra esta institución», dijo la abogada Martha Patricia Molina, autora de la investigación “Nicaragua una Iglesia Perseguida”.
En la tercera entrega de esa investigación, Molina identificó 529 agresiones contra la Iglesia desde abril de 2018 a marzo de 2023.»La dictadura lo que pretenden es aniquilar a la Iglesia católica, algo que no lo va a lograr», dijo.
IP Nicaragua te presenta una síntesis de los principales hechos de la persecución contra los obispos y sacerdotes nicaragüenses y te describe cómo comenzaron.
El 16 de mayo de 2018, en medio de la represión ejercida por la Policía Nacional y los grupos paramilitares, se instaló el diálogo nacional en Nicaragua, donde los obispos sirvieron como mediadores.
A través de este diálogo se buscaba resolver la crisis sociopolítica en Nicaragua, donde ya se contaban 60 muertos en esa fecha. Después de esos encuentros donde no se llegó a ningún arreglo y el desmantelamiento violento de los tranques en varias ciudades del país, los obispos empezaron a ser objeto de desprestigio y ataques verbales de forma directa por parte de Daniel Ortega.
«Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas, eran parte del plan con los golpistas», dijo un furibundo Ortega durante la celebración del 39 aniversario de la revolución sandinista, que se realizó en la Plaza de la Fe Juan Pablo II de Managua el 19 de julio de 2018.
En esa ocasión Ortega descalificó la función de los obispos como mediadores del diálogo al «apoyar» lo que sigue llamando un golpe de Estado en su contra. «Me dolió que los señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas», añadió.
«Hay que recordar las múltiples ocasiones en que los dictadores se ha referido a la Iglesia católica llamándolos criminales terroristas, golpistas, mafia organizada», señaló Molina.
En medio de amenazas, después de un nuevo llamado de la oposición a protestas y tras denunciar un plan de asesinato en su contra, el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez salió de Nicaragua el 23 de abril de 2019.
“Yo no he pedido salir, he sido llamado por el santo padre. Esta decisión de que yo abandone Nicaragua es una responsabilidad únicamente del santo padre”, reveló Báez en una conferencia de prensa previo a su salida.
Sus críticas se hicieron más visibles tras el estallido de las protestas antigubernamentales de abril de 2018. La brutal represión dejó un saldo de 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y cientos de opositores encarcelados.
Otros sacerdotes como el padre Edwin Román, de la iglesia San Miguel Arcángel, en la ciudad de Masaya, también se vio obligado al exilio por las presiones del régimen.
En cambio, Monseñor Rolando José ÁLvarez Lago, otro férreo crítico del régimen fue condenado a más de 26 años de prisión. El 9 de febrero de 2023, el jerarca de la Iglesia católica se resistió al destierro y de inmediato se le fabricó una condena, siendo trasladado al Sistema Penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa.
Además Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, en Boaco y el el padre Manuel Salvador García, de la iglesia El Calvario en Nandaime, departamento de Granada, también se encuentran detenidos.
La Policía recientemente confirmó la investigación en contra del sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, de la parroquia San Juan Pablo II de la Diócesis de Matagalpa.
El exilio forzado y el no permitir el reingreso de otros sacerdotes es parte de la política de ataques del régimen.
El 27 de setiembre de 2022 se el negó el reingreso al país al sacerdote nicaragüense Guillermo Blandón. Ese mismo año el sacerdote Erick Díaz, de la Parroquia San José Obrero en El Tuma-La Dalia, en el departamento de Matagalpa, reveló que se exilió.
En medio de las tensiones que vive el país desde 2018, el 31 de julio de 2020, los nicaragüenses y el mundo fueron testigos de uno de los peores ataques contra los católicos: la quema de la imagen de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua.
La imagen de 384 años fue calcinada en un acto que el papa Francisco calificó de “atentado”, mientras que las autoridades nicaragüenses lo determinaron como un “accidente”.
El incendio sacó a la luz las diferencias entre la Iglesia católica y el régimen de Daniel Ortega que insiste en acusar al Episcopado de haber estado detrás de un supuesto “golpe de Estado fallido” en 2018.
Además de la imagen, el fuego destruyó el sagrario, es decir, el lugar donde se guarda la hostia en los templos. Toda la capilla quedó destrozada.
El atentado causó gran conmoción entre la sociedad nicaragüense y se registró tras varios ataques a parroquias en algunas ciudades nicaragüenses.
En marzo de 2022, el Vaticano se llevó otra embestida. Con «sorpresa y dolor» recibieron una comunicación del régimen de Nicaragua donde se les informó el retiro del beneplácito para permanecer en el país al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien ayudó a la liberación de los presos políticos en 2019.
«La Santa Sede ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito», dijeron en un comunicado.
En julio de 2022, el tono de las agresiones subió de tono y las monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, abandonaron Nicaragua después de que el régimen cerró su asociación junto con otras organizaciones benéficas y civiles en el país.
Las 18 monjas fueron escoltadas por la policía hasta la frontera y cruzaron a pie a Costa Rica, donde fueron recibidas. Las Misioneras de la Caridad fueron creadas el 16 de agosto de 1988 durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de la madre Teresa de Calcuta.
En medio de los roces que mantiene el régimen con la Iglesia a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), en agosto de 2022 se ordenó el cierre de seis radioemisoras católicas que eran dirigidas por monseñor Álvarez. En los meses subsiguientes, se cerraron otras radios por donde transmitían las actividades religiosas.
La Diócesis de Matagalpa, administradora de las emisoras en el norte del país, confirmó el cierre de Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, y Radio San José.
Meses antes, el 20 de mayo de ese mismo año, el Canal Católico también fue clausurado.
En ese vaivén, en mayo de 2023, le siguieron el cierre de varias organizaciones de la Iglesia. Ese mes se anunció el cierre de Cáritas Diocesianas de León, brazo social de la Iglesia católica en Nicaragua, sumándose así a la lista de cientos de organizaciones no gubernamentales cerradas.
El último acto del régimen dejó desarmada a la Iglesia en Nicaragua. La Policía informó este sábado 27 de mayo una investigación contra la Iglesia católica nicaragüense por «lavar dinero», después de congelar las cuentas bancarias de las Diócesis que intervinieron previamente.
En una nota publicada la institución ordenó al cardenal Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.
Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron «centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis» de Nicaragua.
Acusan a la Iglesia de la «la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar», y que se trata «de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en (las) diócesis de distintos departamentos» de Nicaragua.
«Lo único que nosotros podemos tener certeza en este momento es que la sentencia de todo este proceso que ha comenzado con la investigación de la Policía sandinista es que la sentencia está redactada y es sentencia condenatoria (…) Busca cómo asfixiar a la institución económicamente, pero la Iglesia católica no se limita a cuatro paredes», mencionó la abogada.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes reaccionó el fin de semana a la investigación anunciada por el gobierno del presidente Daniel Ortega contra las diócesis del país por supuesto lavado de dinero y dijo que «seguirán viendo cómo solucionar.
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