*Almagro pide reunión urgente invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Alma Vidaurre / IP Nicaragua
Invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó al Consejo Permanente de este organismo una reunión “urgente” para retomar la situación de Nicaragua.
Almagro señaló, en una carta dirigida al representante permanente de Haití, el embajador León Charles, quien es el actual presidente del Consejo Permanente, que es necesario buscar una salida democrática a la crisis de derechos humanos del país y dar seguimiento a lo solicitado en diciembre de 2018, cuando se invocó el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
“La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha dado un seguimiento especial a la evolución del proceso democrático en la República de Nicaragua en el último lustro, y ha dialogado tanto con el Gobierno Nacional (GN) del presidente Daniel Ortega como con los sectores de la oposición y la sociedad civil nicaragüense a efectos de encauzar el diálogo político con el objetivo de alcanzar una reforma electoral que permita al país realizar elecciones libres, transparentes y con observación internacional”, dice la misiva de Almagro, fechada del 16 de junio.
El pasado 27 de diciembre, en la última sesión extraordinaria en la que el Consejo Permanente abordó la crisis de derechos humanos de este país desde la “Rebelión de Abril”, Almagro señaló que se veían “obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un paso formal de muchos otros mecanismos que deben cumplirse hasta que se active este instrumento jurídico.
La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en la región de Latinoamérica.
El artículo 20, particularmente, establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar de forma inmediata al Consejo Permanente la aplicación de este instrumento cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
El orden democrático de Nicaragua se alteró a raíz de las protestas cívicas de abril de 2018, que se volvieron violentas cuando las fuerzas de la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo arremetieron contra la población autoconvocada, provocando más de 300 asesinatos, más de 2,000 heridos, presos políticos y más de 100,000 exiliados.
El 19 de noviembre de 2019, la Comisión de Alto Nivel que conformó la OEA –en una sesión del 28 de junio de 2019- concluyó que la situación en Nicaragua no ha cambiado y señaló que las violaciones a los derechos humanos y la situación que prevalece en Nicaragua desde abril de 2018 “conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
La comisión tenía como objetivo realizar gestiones diplomáticas a fin de procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social que prevalece en Nicaragua y se le había dado un periodo de 75 días para realizar las acciones, pero el Gobierno de Nicaragua se negó a reunirse con los embajadores.
A los integrantes de la comisión se les prohibió la entrada a Nicaragua, pero logró escuchar los testimonios de varias de las víctimas de la represión gubernamental y logró validar la información que ya habían proporcionado entidades internacionales independientes sobre la situación en el país.
La situación de la grave crisis de derechos humanos, según Almagro, se agrava en el contexto de la pandemia del covid-19.
“Ahora, que nos encontramos viviendo complejos momentos en el hemisferio y el mundo entero, producto de la pandemia, resulta urgente retomar los esfuerzos de la comunidad hemisférica, el amparo de la Carta Democrática Interamericana, para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas que permitan la realización de elecciones consistentes con los parámetros y buenas prácticas internacionales en el futuro cercano”, puntualizó Almagro.
Según datos de organización de la sociedad civil, en Nicaragua todavía permanecen en condiciones carcelarias más de 90 personas que fueron acusadas por delitos comunes por el solo hecho de protestar contra el Gobierno.
Esta semana el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, a través de su cuenta personal de Twitter, advirtió que en Nicaragua existe un grupo considerable de personas “presas de forma injusta y arbitraria”.
“Más allá de la brutalidad e injusticia de su detención, la grave amenaza del covid-19 en Nicaragua hace más urgente la necesidad de su liberación incondicional”, escribió Kozak.
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