WASHINGTON/SAN JOSÉ —Las relaciones entre Managua y Washington se han deteriorado drásticamente en los últimos dos años, aseguran analistas consultados por la Voz de América.
Algunos incluso argumentan que las sanciones impuestas a funcionarios cercanos al presidente Daniel Ortega, así como las medidas que pesan sobre importantes rubros económicos del país, como el oro, han intensificado el malestar del gobierno nicaragüense, señalado de violar los derechos humanos.
La política del gobierno de Joe Biden, señala Cynthia Arnson, exdirectora del Wilson Center, con sede en Washington, D.C., ha buscado que cientos de funcionarios nicaragüenses paguen «por corrupción» y por responsabilidad en lo que describe como «atrocidades contra los derechos humanos».
Sin embargo, Arnson considera que el actual gobierno estadounidense se ha mostrado renuente a imponer sanciones económicas generalizadas “por temor a causar grandes problemas económicos en el segundo país más pobre del hemisferio”.
“Tales dificultades aumentarían las presiones migratorias, no solo hacia Estados Unidos, sino también hacia Costa Rica”, dijo la experta a la VOA.
Ortega: de las esperanzas a las amenazas
En enero del 2021, cuando Biden asumió la presidencia de EEUU, Ortega parecía optimista y con planes para un eventual acercamiento entre ambos gobiernos. En sus palabras, Ortega dijo incluso que esperaba trabajar con Washington sobre la base de una “política de respeto y entendimiento”.
Pasado el tiempo, la retórica antiestadounidense se intensificó desde Managua. En octubre pasado, por ejemplo, Ortega rechazó las sanciones aplicadas por Estados Unidos a la industria minera de su país y a 500 de sus funcionarios.
“Sigan poniendo sanciones e irán más inmigrantes a Estados Unidos. Por mucho que quieran cerrar las puertas, no existe puerta que puedan cerrar a los inmigrantes”, dijo Ortega en octubre.
EEUU abierto a eventuales «pasos positivos» en Managua
A comienzos de enero, el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró a la VOA que el gobierno de Biden está dispuesto a responder a “pasos positivos” del gobierno de Ortega, incluyendo la liberación de los presos políticos y la restitución de «los derechos mínimos» a sus ciudadanos.
De no ser así, afirmó Nichols, Washington estaría dispuesto a profundizar las sanciones “contra miembros del régimen”.
La migración: un arma de Ortega
El éxodo nicaragüense, junto con otros procedentes de países en crisis como Venezuela y Cuba, han puesto en jaque a la actual administración estadounidense.
Durante el año fiscal 2022, la administración de Biden recibió más de 164.000 migrantes de Nicaragua y aunque no se atribuyen a razones políticas en su totalidad, algunos analistas consideran que es una forma de “chantaje” de parte de Ortega.
“A través de la frontera mexicana… comunidades han estado presionando la frontera norteamericana en la búsqueda de libertad, en la búsqueda de justicia y democracia. Este es un efecto colateral a la debilidad institucional, a la ausencia de democracia, a las violaciones de derechos humanos y a las crisis económicas que han azotado a los países de la región latinoamericana”, evalúa la exdiputada nicaragüense Edipcia Dubón, en conversación con la VOA.
De acuerdo con Dubón, aparte del fenómeno migratorio, la llegada al poder del presidente Biden ha estado marcada por otros elementos fundamentales como la post-pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis de los suministros. Todos ellos, expone, han obligado a Washington a emprender una gestión de política exterior debido al complejo escenario mundial.
Estas razones, indica la exdiputada, han ralentizado mucho la capacidad operativa, la visibilidad y la capacidad de dar respuesta a las demandas que tiene el gobierno en materia de política exterior.
“No es tan visible su capacidad. Sí hubo algunas acciones post-pandémicas interesantes, como la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y a México”, destaca Dubón.
Lo que no ha podido hacer la diplomacia
El gobierno de Biden también ha enfrentado una negativa de Nicaragua de buscar un diálogo para encontrar una salida a la crisis sociopolítica en la nación centroamericana. De hecho, el gobierno de Ortega ha puesto difícil la vía diplomática al negarse a aceptar al nominado de Biden para embajador estadounidense en Managua, al que ha acusado de «injerencista» y de «involucrarse en temas nacionales».
Sin embargo para Washington la diplomacia “sigue siendo una herramienta importante” para formar “una relación bilateral constructiva se apoya mejor en el intercambio de embajadores”, dijo recientemente el Departamento de Estado en respuesta a una consulta de la VOA.
El portavoz agregó que las sanciones “no están diseñadas para castigar”, sino más bien para “alentar al régimen a cambiar de rumbo”.
No obstante, pese a que Managua no ha reaccionado a las medidas, EEUU considera que continuará “explorando presión multilateral coordinada adicional” utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición.
Cynthia Arnson, indica por su parte que hay mucho más que la administración Biden puede hacer en el frente económico, pero advierte que “los costos, no solo para el pueblo nicaragüense, sino también al proporcionar un mayor incentivo para que se impulsen alianzas con potencias autoritarias como Rusia e Irán, sirven como un impedimento para tomar severas medidas adicionales”.
“El alcance de la represión interna de Ortega demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa para reprimir la disidencia, incluso dentro de sus propias filas, con el fin de mantener el poder para él y su familia”, concluyó.
Con información de la Voz de América
