El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución de rechazo a tres polémicas leyes que comenzó a discutir la legislatura de Nicaragua.
Voz de América
La amenaza de nuevas sanciones de la Unión Europea al gobierno de Daniel Ortega abre la posibilidad de la expulsión de Nicaragua del acuerdo de Asociación de la Unión Europea y los países Centroamericanos, algo que afectaría severamente a la economía del país.
El Parlamento Europeo aprobó el jueves una resolución de rechazo a tres polémicas leyes que comenzó a discutir la legislatura de Nicaragua, las cuales han sido fuertemente criticadas por sectores sociales, grupos de derechos humanos y la Iglesia Católica nicaragüense.
La entidad solicitó además al Consejo de Europa que en vista de los continuos abusos y violaciones de los derechos humanos agregue con rapidez a nuevos individuos y entidades a la lista de sanciones a Nicaragua, entre ellos al presidente Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo.
El exembajador de Nicaragua ante la Unión Europea y Venezuela Roger Guevara Mena advirtió sobre las potenciales consecuencias de insistir en la aprobación de las leyes que impulsa el sandinismo.
“Significa la negativa para que Nicaragua pueda continuar participando en el acuerdo de asociación y posiblemente la sanción que se aproxime sea la expulsión con esos mismos votos del acuerdo de Asociación que tiene Europa con Centroamérica, mediante el cual nosotros exportamos nuestros productos tradicionales y no tradicionales”.
El economista Luis Núñez valoró el impacto de un cierre comercial con la Unión Europea como algo muy severo, en especial en un país con tres años consecutivos de recesión económica.
“En principio, el comercio con la Unión Europea es un comercio bastante importante, cercano a los 500 millones de dólares anuales en exportaciones”, dijo Núñez. “Pero además de eso, la Unión Europea tradicionalmente ha sido un bloque que ha apoyado fuertemente a Nicaragua desde el punto de vista de la cooperación”.
En mayo de 2020, la Unión Europea sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como a varios comisionados y jefes de esa entidad. La lista de sancionados la completan Néstor Moncada Lau, un cercano colaborador de la pareja presidencial, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
En la resolución del jueves, además de proponer sanciones al presidente y la primera dama, los parlamentarios europeos apuntaron que Ortega “sigue sin estar dispuesto a entablar un diálogo nacional sobre una reforma electoral adecuada y persiste en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”.
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