Monseñor Rolando Álvarez fue devuelto a la cárcel "La Modelo".
Las relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad Religiosa y para la Libertad Expresión demandaron la liberación de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, condenado a más de 26 años de cárcel.
Este jueves, 9 de noviembre, el obispo está cumpliendo nueve meses desde que lo trasladaron de la vivienda de sus familiares en Managua, donde guardaba prisión domiciliar, desde el 19 de agosto de 2022, al Sistema Penitenciario, de Tipitapa, Jorge Navarro, mejor conocido como «La Modelo».
A Monseñor Álvarez lo han condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, el pasado 10 de febrero de 2023, un día después que se negó a ser desterrado junto con 222 presos políticos.
En un comunicado en conjunto, la relatora de la ONU para la libertad de credo, Nazila Ghanea, y su homologa para la libertad de expresión, Irene Khan, señalaron que el Gobierno de Nicaragua “debe liberar inmediata e incondicionalmente a monseñor Álvarez», quien se encuentra en régimen de aislamiento y en condiciones que contravienen gravemente Reglas Nelson Mandela.
Las expertas también expresaron gran preocupación “por los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia católica y otras religiones por parte de las autoridades nicaragüenses”, y demandaron al Gobierno sandinista «proteger el derecho a la libertad de religión o creencias en el país»
El comunicado expresa que el 2 de agosto de este año, las relatoras enviaron una misiva oficial a las autoridades nicaragüenses planteándoles su inquietud por «las presuntas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento de organizaciones religiosas en el país».
Las expertas advierten que las medidas gubernamentales de represión adoptadas incluirían el supuesto arresto y detención arbitrarias de miembros de la Iglesia católica y otras religiones, las deportaciones forzosas y prohibiciones de entrada en el país, la criminalización de sus actividades pastorales, la prohibición de realizar ceremonias religiosas, el asedio policial a sus domicilios o lugares de culto, el cierre de medios de comunicación, universidades y organizaciones pertenecientes a estos grupos religiosos, al igual que la confiscación de sus bienes.
Las expertas precisaron que desde 2022, las autoridades nicaragüenses habrían cancelado la personalidad jurídica de al menos mil organizaciones sin fines de lucro, 320 de ellas de carácter religioso.
En agosto pasado, el régimen derogó la personalidad jurídica de la histórica Universidad Centroamericana (UCA) dirigida por la orden católica jesuita, y decomisó sus instalaciones.
El obispo de la Diócesis de Matagalpa, una de las voces más críticas dentro del clero católico, está privado de su libertad desde agosto de 2022, tras denunciar las violaciones de derechos humanos del régimen sandinista contra los nicaragüenses.
El 13 de diciembre de 2022, al Fiscalía del régimen lo acusó por los delitos políticos de «traición a la patria» y «ciberdelitos».
«Desde que se llevaron a cabo los Diálogos Nacionales de 2018, el religioso se destacó por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses», destacan las expertas.
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