La vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció este martes que el edificio donde funcionaban las oficinas de la representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua fue declarado de “utilidad pública”.
“La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua”, informó Murillo este martes en su alocución del mediodía.
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La vocera del régimen de Daniel Ortega, indicó que el Estado de Nicaragua, “a través de la Unidad Ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura va a desarrollar el museo de la infamia”, como descalifica al organismo.
“Qué más infamia que ese ministerio de colonias y este acuerdo que ha dado a conocer la Procuradora entrará en vigencia al publicarse en La Gaceta”, agregó la vocera del régimen.
Asimismo reiteró la decisión de Nicaragua de “expulsar y confirmar la expulsión y la ratificación además de la OEA como infame, como una infame y despreciable ministerio de colonia”.
Reclamo de Almagro
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dirigió una carta a la presidenta del Consejo Permanente del organismo, Elizabeth Darius-Clarke, en la que expone la situación de la oficina de la OEA en Nicaragua.
Almagro detalló que el domingo 24 de abril, el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua anunció en conferencia de prensa que el gobierno “por la presente expulsa a la Organización de los Estados Americanos”, calificando al Consejo Permanente y a los demás órganos de la OEA, entre otros, como “monstruosidades”.
En esa misma conferencia de prensa, el Ministro declaró cerrada la Oficina de la Secretaría General de la OEA.
“Inmediatamente después, la policía ocupó las instalaciones de esa oficina, incautando sus archivos, junto con todo lo demás allí”, denunció Almagro en la carta con fecha del 25 de abril, un día después el régimen, a través del canciller Denis Moncada, anunció el retiro de las credenciales de los representantes de Nicaragua ante la OEA.
A la vez, el secretario general de la OEA alertó que “los miembros del personal de la Secretaría General pueden estar en grave riesgo”.
“La acción de Nicaragua es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos”, agregó.
“Ni en las peores dictaduras”
Almagro denunció que las acciones ejecutadas por el régimen de Ortega sobrepasaron los límites, pues asegura que “nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua”.
Además advirtió que “estamos ante la violación de la más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales”, por lo que afirma que se “está abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora”.
Sobre la renuncia del régimen
El secretario general de la OEA recordó que el 19 de noviembre de 2021 el gobierno de Nicaragua presentó su denuncia a la Carta de la OEA, con la que inició su proceso de salida del organismo, pero destacó que este mismo dura dos años, por lo tanto “la denuncia será efectiva hasta el 19 de noviembre de 2023 siempre y cuando para entonces haya cumplido con todas sus obligaciones”.
Y explicó que “no hay posibilidad de dar por terminada su condición de miembro de la OEA antes de esa fecha. Hasta entonces Nicaragua estará sujeta a todas las obligaciones que emanan de la Carta y de los acuerdos que en su marco han celebrado”.
Almagro pide “acciones”
En la misiva Almagro también hace hincapié al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA con sus Estados, y condena que las acciones del ejecutivo nicaragüense sean contrarias a lo establecido.
Comunica al Consejo Permanente que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el propio 24 de abril sobre el cierre y cancelamiento de la oficina en Nicaragua. «Así lo hizo mediante el uso de la fuerza», denuncia Almagro.
Por lo que, insiste en indicar que “esta es una flagrante violación de todas las normas” incluidas la Carta de la OEA y el Acuerdo sobre Inmunidades. Agrega que “es contrario a los más fundamentales principios que regulan las relaciones entre los Estados parte de organizaciones internacionales y sus funcionarios, dependencias y pertenencias. En ningún caso estas normas admiten el cierre de oficinas unilateralmente. En todos los casos se requiere el acuerdo o consentimiento de la Secretaría General”.
El secretario general de la OEA condenó y repudió las acciones del régimen orteguista, por lo que la carta finaliza avizorando acciones por parte del Consejo Permanente: “Se pone en conocimiento del Consejo Permanente para ulteriores acciones de la Organización y de sus Estados Miembros este informe de los hechos”.
