Redacción / IP Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación (Migob) canceló la personería jurídica a seis organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos, España, Suecia y Dinamarca por supuesto incumplimiento a la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, ley número Ley 977.
De acuerdo con una publicación oficial del diario La Gaceta, del 16 de agosto de 2021, las seis oenegés también habrían incumplido la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, ley número Ley 147.
La organización sin fines de lucro operaba en Nicaragua desde hace más de 30 años. Su enfoque estaba dirigido en particular en los pueblos indígenas pobres del país a quienes apoyaban en la lucha por la «influencia democrática y una buena educación para sus hijos».
Oxfam IBIS en Nicaragua trabajaba con 19 organizaciones locales. En estrecha colaboración con la policía nicaragüense en un momento dado ayudaron a cerca de 200 miembros de las pandillas de Nicaragua a comenzar una nueva vida a través de cursos de artesanía.
«La policía ha demostrado ser un socio fuerte y valioso con el que IBIS ha trabajado en la lucha contra la delincuencia entre los jóvenes, pero también en el trabajo para garantizar la propiedad de la tierra por parte de los pueblos indígenas», señala la organización que tiene 17 colaboradores.
OXFAM IBIS también ha desarrollado capacitaciones para los maestros, apoyando a los grupos de padres y oenegés locales.
Es una organización no gubernamental de cooperación para el desarrollo española, afiliada a la confederación Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales, que realiza labores humanitarias en 90 países.
Oxfam Intermón estaba en Nicaragua desde los años 60 apoyando distintos proyectos de ayuda humanitaria, derechos humanos, producción agroecológica y protección del medio ambiente, con el fin de contribuir al desarrollo del país, según información de su sitio web.
Actualmente trabajaba con distintas organizaciones que están contribuyendo a la lucha contra la pobreza para lograr mayor igualdad en la sociedad nicaragüense, en consonancia con las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
La organización tenía presencia en el país desde 2010 cuando se asoció con universidades y organizaciones cívicas de Nicaragua para llevar a cabo un programa de liderazgo juvenil, que ha ayudado a preparar a más de 2,000 líderes jóvenes actuales y futuros de todo el país.
El NDI destaca en su sitio web que ha contribuido a los «esfuerzos de Nicaragua para apoyar el aumento de la participación política de las mujeres y las iniciativas para disminuir la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTI». Por otro lado, señalan haber «compartido las mejores prácticas para monitorear los procesos electorales» en el país.
Esta organización indica en su sitio web que trabajan para vincular partidos políticos y ciudadanos, apoyar gobiernos centrados en la población, promover la democracia digital, apoya a procesos electorales y contrarrestar la influencia autoritaria extranjera.
La organización sueca trabaja con varias organizaciones de sociedad civil, para impulsar y fortalecer procesos locales, nacionales e internacionales en la promoción de los derechos de mujeres y jóvenes de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Es la sexta organización a la que el régimen de Daniel Ortega ordenó cancelar su personalidad jurídica.
El Migob otorgó un plazo de 72 horas a los seis organismos para que entreguen sus libros contables (diario y mayor), libros de actas y libro de registros de miembros autorizados.
Si nada “se hubiese dispuesto sobre ello” aplicarán lo establecido en el artículo 25 de la Ley 147 que indica que los bienes pasarían a nombre del Estado.
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más repudió lo que denominan la «continuidad de la represión que el régimen Ortega Murillo impulsa contra organismos de la sociedad civil».
A las organizaciones se les vulnera el derecho de libertad de asociación en un intento de anular cualquier expresión que defienda y promueva derechos humanos en Nicaragua, señaló Carlos Guadamuz defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
«Desde 2018 a la fecha el régimen Ortega Murillo ha cancelado 34 organizaciones nacionales utilizando al Ministerio de Gobernación», recordó Guadamuz.
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