***Empresariado nicaragüense llamó a las autoridades a trabajar en función de los intereses de todos los nicaragüenses, y no solamente los de su partido.
Redacción IP Nicaragua
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) emplazó este lunes al gobierno de Daniel Ortega para iniciar un proceso de reformas electorales en el país, que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, competitivas y observadas para noviembre próximo.
Asimismo, la cúpula del empresariado nicaragüense demandó a Ortega, por medio de un comunicado divulgado este lunes, revertir todas las medidas económicas que generen “inestabilidad e inseguridad en el país”.
“Es impostergable y así, lo debemos demandar todos, que el gobierno inicie a trabajar en función de los intereses de todas los nicaragüenses y no solo los de su partido”, refiere la cúpula empresarial en el comunicado.
El Cosep, señaló que el Gobierno todavía está a tiempo de recapacitar y reiteró que es indispensable que cumpla con los acuerdos del 27 y 29 de marzo del 2019, que firmó con representantes de la oposición en el marco del segundo Diálogo Nacional.
En dicho acuerdo, el Gobierno se comprometía a liberar a todos los presos políticos y restablecer los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses.
“Nicaragua es de todos y como tal, tenemos derecho a una sociedad donde impere la democracia, la justicia, el respeto de los derechos humanos y podamos trabajar Unidos en generar bienestar y desarrollo para todos», expresa el comunicado.
El Cosep insistió en que el Gobierno debe comprender que, tanto los nicaragüenses, como la comunidad internacional, no aceptaron que el país vuelva otra vez a destruirse.
“Debe comprender que estamos en presencia de una nueva oportunidad histórica y que, si no la aprovechamos, estaremos condenando nuevamente a la confrontación, la pobreza y el atraso a nuestro país», advierten los empresarios.
Desde la crisis sociopolítica, muchos son los nicaragüenses que han perdido su empleo. En el año 2020, con la pérdida de al menos 202 mil puestos de trabajo en Nicaragua, la tasa de desempleo abierto se elevó a 6.2%, según la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
De acuerdo con el centro de pensamiento, en 2019 habían sido 179 mil los desempleados y se prevé que en 2021 sean 172 mil personas.
El Cosep señaló que, la crisis provocada por las violaciones de derechos humanos denunciada y documentada por los organismos nacionales e internacionales especializados y la destrucción del Estado democrático de derecho por la instauración de un Estado policial, que restringe derechos fundamentales básicos, ha generado una crisis política, social y económica que se ha prolongado por casi tres años.
La crisis que viven los nicaragüenses, según los empresarios, se ha agravado un año más por la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19.
“El impacto negativo en las condiciones de vida de la población, en la institucionalidad democrática y la salud de los nicaragüenses, exigía que el Gobierno asumiera y mostrara voluntad política para convocar a la nación a trabajar para todos los nicaragüenses y su prioridad debería ser la estabilidad y la cohesión social del país”, demandaron los empresarios.
No obstante, señalan que, contrario a los intereses nacionales, el Gobierno de Ortega solamente ha mostrado intereses exclusivos de querer privilegiar los intereses de su partido a través de la instrumentalización inconstitucional del Estado.
“La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional somos testigos de cómo la agenda del Gobierno y sus funcionarios, lo que prima son la aprobación de leyes, decretos, normativas y acciones destinadas a consolidar un Estado policial, que tiene como función amenazar y sancionar para eliminar toda eventual competencia electoral que le pueda disputar el poder”, reiteran.
Agregan que, en la agenda de Ortega lo que prevalece es la construcción de un Estado interventor y recaudador, que no garantiza la libertad de empresa y la seguridad jurídica que se requiere para trabajar por la recuperación económica urgente que el país requiere.
“El Estado y sus funcionarios observamos contrario a toda lógica y visión de país, están dedicados a desmontar la inversión, desestimular la creación de empresas y obstaculizar la generación de empleos en detrimento de las familias nicaragüenses”, lamentaron desde el Cosep.
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