La Asamblea Nacional de Nicaragua reformó de forma exprés —en primera Legislatura— el artículo 159 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley número 260, para eliminar la asignación del 4% del Presupuesto General de la República (PGR) asignado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La reforma constitucional se aprobó este jueves 23 de noviembre de manera unánime por los 91 legisladores nicaragüenses, quienes argumentan que el cambio persigue «homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria».
Sin embargo, la modificación tendrá que ser refrendado en segunda legislatura para que pueda entrar en vigor.
En la reforma al artículo 159 de la Constitución Política se establece que el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones. Esa partida ahora estará sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo.
El artículo de la Constitución Política que limita al Poder Judicial
El artículo 159 de la Constitución Política antes de la reforma establecía que «el Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República».
Constitucionalmente, la Corte Suprema de Justicia es el órgano superior de los tribunales existentes en el territorio nicaragüense de apelación, jueces de distrito y jueces locales.
«Se establece la Carrera Judicial que será regulada por la ley. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los tribunales militares sólo conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia”, añade el artículo de la Carta Magna.
A raíz de la reforma, el artículo se leerá: “Los Tribunales de Justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. Habrá Tribunales de Apelación, jueces de Distrito, jueces Locales, cuya organización y funcionamiento será determinado por la ley. Se establece la carrera judicial que será regulada por la ley. Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. Los Tribunales militares sólo conocerán las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones”.
Reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial
Seguido de reformar la Constitución en primera legislatura, los diputados aprobaron la reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial.
Los cambios están contenidos en el Título IV, Capítulo Único, Del Régimen Financiero del Poder Judicial y donde se elimina el 4% del Presupuesto general de la República.
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También se reformó el artículo 86 de la misma Ley que señalaba que la modificación de las partidas presupuestarias se origina únicamente por solicitud de la Corte Suprema de Justicia y se aprueban por la Asamblea Nacional.
Con la reforma queda que las modificaciones seguirán el «procedimiento establecido en la Ley de la Materia».
Comisión de Administración ya no supervisará la ejecución del presupuesto
Además se le quitó la facultad a la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar la ejecución del presupuesto, y se trasladó al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial.
El Presupuesto General de la República del 2023 asignó a la Corte Suprema de Justicia un monto de 4.210.524,150 millones de córdobas (unos US$116.9 millones).
En el proyecto para el próximo año tenía proyectado una asignación de 5,352.2 millones de córdobas que era el 4% del presupuesto general de egresos, siendo el monto superior en unos 1,141.7 millones de córdobas al asignado en el 2023.
La reducción de la asignación presupuestaria al Poder Judicial se da en momentos de crisis en la CSJ, tras una intervención policial ejecutada a finales de octubre y dejó la destitución de magistrados, incluyendo a la presidenta de ese poder del Estado, Alba luz Ramos, jueces, personal de la dirección informática, administración y funcionarios de otras áreas.
