La periodista Fabiola Tercero, desaparecida en Nicaragua desde el 12 de julio, se suma a una larga lista de víctimas de violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su preocupación ulio, su preocupación por los reportes de la desaparición de Tercero.
Tercero es una periodista feminista de quien no se sabe nada, desde el 12 de julio, tras un allanamiento que hizo la Policía a su vivienda.
Previo a la celebración del 19 de julio, la Policía y paramilitares allanaron varias viviendas de periodistas en diferentes departamentos. Nohelia Gonzalez, quien fue editora del diario La Prensa también se encuentra desaparecida.
La Red de Protección, Defensa, y Promoción de los Derechos Humanos en Nicaragua, Red ProdePaz, destacó en su informe del 20 de julio, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), las graves violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua entre 2019 -2024.
Destaca casos de violaciones al derecho a la educación, libertad académica, desapariciones forzadas, tortura, persecución política así como también violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, persecución contra la iglesia, la desaparición y secuestro de mujeres opositoras.
La universitaria Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Joseling Mayela Campos quienes fueron detenidas por la policía y condenadas ilegalmente por cargos de tráfico de drogas tras criticar el cierre de la UCA y promover el feminismo son algunas de las detenidas.
Mientras que, el profesor Freddy Quezada, exprofesor de la UNAN-Managua, también fue «detenido y condenado por incitación al odio”, resalta el informe.
Desde 2021, al menos 27 universidades han sido cerradas arbitrariamente, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo creó nuevas universidades que se han convertido en centros de adoctrinamiento y propaganda.
Un abogado que se encuentra en Nicaragua y que por temor prefirió omitir su nombre lamentó que el país se haya convertido en una gran cárcel donde nadie tiene derechos.
En ese sentido las organización de la sociedad civil que trabajaron el informe del EPU, expone que otros derechos vulnerados por la dictadura, está el derecho a la asociación, la libertad de movilización.
El Monitoreo Azul y Blanco registra 521 víctimas de represión migratoria, incluyendo destierros, retenciones y hostigamiento.
La libertad de reunión pacífica ha sido restringida, con la policía impidiendo marchas y manifestaciones.
Por otro lado, la aprobación de la Ley del Ciberdelito en 2020 ha criminalizado la difusión de información.
La represión se ha extendido a la Iglesia católica, con 667 ataques documentados, incluyendo confiscaciones de propiedades, destierro de sacerdotes y la prohibición de actividades religiosas.
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