¿Qué papel jugaron en las presidenciales de Nicaragua los jueces y fiscales incluidos en la Lista Engel?

SAN JOSÉ — Estados Unidos ha actualizado este miércoles su lista Engel, que ahora incluye 60 nuevos actores. De ellos, 23 son jueces y fiscales de Nicaragua, pero ¿cuál es la razón por la cual Washington señaló a estos individuos y les prohíbe el ingreso al país?

Tras las elecciones generales de 2021, en donde el mandatario sandinista Daniel Ortega se impuso para un nuevo mandato de cinco años tras encarcelar a decenas de activistas, opositores y candidatos a la presidencia, los fiscales y jueces agregados a la lista Engel ocuparon un papel importante al “fabricar cargos” contra los opositores para luego ser “condenados” en “juicios falsos”, argumenta el Departamento de Estado.

Los fiscales incorporados son diez. Yubelca Pérez Alvarado, Perla de los Ángeles Baca, Carlos Espinoza Castilla, Luis Alberto Mena Gámez, Jorge Luis Arias Jarquín, Martha Ileana Morales, María Pérez Mojica, Marling Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Sallas y Auxiliadora Sequeira Suazo.

Según el documento de la cartera de Exteriores de EEUU, los fiscales se encargaron de “presentar cargos falsos para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales” en el año 2021.

Los jueces nicaragüenses incluidos en la lista son 13. Según el Gobierno estadounidense, estos “condenaron y sentenciaron a líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos”.

Por ejemplo, el juez Luden Martín Quiroz García es acusado de condenar a opositores bajo el delito de “socavar la integridad nacional”.

Luden condenó a la líder opositora Ana Margarita Vijil; al periodista Miguel Mendoza; al excanciller Mauricio Díaz, a la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; y la ex diputada María Fernanda Flores.

En tanto el juez Ángel Jancarlos Fernández González, es señalado por haber condenado y sentenciado “a los líderes prodemocráticos y empresarios Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas»; además de la exlíder sandinista Dora María Téllez; los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.

Mientras que el juez Melvin Leopoldo Vargas, es acusado de haber condenado “con cargos vagos y falsos en el juicio simulado de la activista opositora Samantha Jiron”.

También han sido incluidos los jueces Erick Laguna Averruz; Rosa Baca Cardoza; Irma Oralya Laguna Cruz; Nancy Aguirre Gudiel; William Howard López; Verónica Fiallos Moncada; Félix Salmerón; Rolando Sanarrusia; Nadia Tardencilla y Ulisa Tapia.

En el caso del juez Félix Salmerón, EEUU indica que condenó y sentenció a los líderes y ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; a los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.

En tanto la jueza Nadia Camila Tardencilla, fue agregada a la lista por haber condenado en “los juicios falsos” a los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez; el ex candidato presidencial Miguel Mora; el analista político Edgar Parrales; el director del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chavez.

Jueces y fiscales cometen un delito

Según el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, «los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura».

«Hoy, con la publicación de la lista de 2022 de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción, apoyamos a quienes construyen un futuro mejor», escribió Blinken en su cuenta en Twitter.​

En tanto el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, subrayó a la Voz de América, vía Skype, que los jueces y fiscales agregados a la lista Engel actuaron el margen de la Ley y no solo cometieron el delito de prevaricato, «sino también delitos en los que cooperan para facilitar o cometer crímenes de lesa humanidad en modalidad de torturas».

«Si analizamos el patrón común de estas personas que han sido señaladas el día de hoy, vemos que se centran en todos aquellos jueces que actuaron en esta última fase de la represión judicial», indicó Morazán.

El Poder Judicial de Nicaragua es señalado de estar controlado por el presidente Daniel Ortega, algo que el mandatario ha negado en reiteradas ocasiones, aunque tras las detenciones de opositores dijo que se estaban condenando «no a políticos, sino a delincuentes» que según él, intentaban «desestabilizar» su gobierno.