Nicaragua vive un desalentador panorama en el ámbito de la libertad religiosa que empeoró en los últimos cinco años y 2024 podría ser peor, según pronósticos de la abogada Martha Patricia Molina.
Molina, quien documenta los hechos en contra de la Iglesia, no es optimista. “Las perspectivas para la iglesia Católica de Nicaragua son de mayor represión y profundización de la persecución y llegar a un nivel de desaparición de la iglesia”, lamentó Molina.
La investigadora explicó que sostiene este planteamiento basado en cuatro realidades. “La primera es que hay orden expresa en (la Dirección de) Migración de no dejar entrar a ningún religioso al país, en segundo lugar, por la prohibición de las procesiones y las actividades relacionadas a la gritería de la Madre de Dios, que fue algo muy reciente y que era una fiesta tradicional de los nicaragüenses”, señaló.
La autora de la investigación «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?» afirma que la otra realidad es “la permanencia de un Obispo en prisión condenado a más de 26 años de cárcel, un Obispo en el exilio y finalmente por una Conferencia Episcopal (obispos) silenciada y con miedo”.
En su alocución del 12 de diciembre, Rosario Murillo lanzó nuevamente un discurso virulento contra la Iglesia de Nicaragua.
«Cómo vamos a olvidar a aquellos que iban a tocar campanas en los templos para que acudieran compañeros y compañeras y exponerlos al asesinato, a la captura, al secuestro? ¿Cómo vamos a olvidar que en nombre de Dios y de Cristo Jesús se blasfemaba y se llenaba el país de odio?», dijo Murillo.
Al menos 151 sacerdotes y 76 monjas fueron expulsados del país, según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
La experta exalta el papel fundamental de la iglesia Católica en Nicaragua que ha defendido con altos costos, los derechos humanos de los nicaragüenses en un contexto de deterioro severo de las libertades públicas e individuales.
“La voz crítica de la institución y de sus pastores provocó la furia de los dictadores a tal punto de que ellos, hoy se proponen exterminar las expresiones de la fe católica a nivel nacional, por supuesto esa, ya es una guerra que ya perdieron. Esta iglesia, ha visto pasar por sus templos los féretros de sus enemigos y ha orado por ellos”, dice por su lado el religioso.
Este año que está por terminar, la Iglesia católica nicaragüense sufrió más ataques gubernamentales que lo que pudo sufrir en los años 80, la llamada “década oscura” que gobernó Daniel Ortega, el mismo verdugo que ahora los asedia, confisca, expulsa y encarcela.
“Ha sido el peor año para la iglesia”, dice un integrante del clero que pide hablar con su nombre bajo reserva.
El régimen llegó a tal que no solo procesó a sacerdotes por cometer supuestos delitos comunes como violación a menores, violencia contra la mujer, les acuñó también delitos políticos como traición a la patria y económicos como lavado de dinero. Por esto último, en mayo pasado, hasta les congeló las cuentas a todas las diócesis del país.
“El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados”, indicó en un comunicado la Policía que obedece ciegamente al régimen que la obliga a mentir, a imputar falsos delitos, secuestrar y cometer actos contra los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
“2023 ha sido el peor año para la iglesia Católica en comparación a los otros años”, señala Molina.
El excarcelado político Félix Mariadaga denunció una «nueva forma de persecución religiosa» por parte de régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, dirigida a los católicos laicos.
«Se trata de impedirles participar en festividades religiosas públicas, bajo amenazas de arresto. Un gran número de personas se ven obligadas a presentarse diariamente, voluntariamente, en la comisaría de policía más cercana», denunció Maradiaga.
En la comisaría, según el excarcalado político, «deben firmar un registro y responder a las preguntas de la policía para confirmar que no están en contacto con nadie del movimiento azul y blanco a quienes la policía tacha de golpistas», señaló.
Mariadaga denunció que en la estación, se les advierte que «no participen en ninguna actividad pública de la Iglesia católica».
«Se trata de un método perverso de intimidación que viola los derechos humanos más básicos. Se han documentado más de 20 casos en todo el país, pero es probable que el número real sea de cientos», puntualizó.
*Colaboración de Voces Unidas
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