El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) enumeró en un documento todas las formas de criminalización sistemática de las personas percibidas o identificadas como opositoras al régimen de Daniel Ortega y que constituyen crímenes de lesa humanidad.
En el informe «Violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua», la organización describe que a partir de mayo de 2021, las detenciones arbitrarias de personas identificadas como disidentes se «caracterizaron por iniciar con desapariciones forzadas temporales que se extendieron por periodos de hasta más de 80 días».
Las condiciones descritas en el informe confirman que en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad.
Raza e Igualdad señala que las precarias condiciones en que las personas privadas de libertad por motivos políticos se encontraban, se agravaron a partir del año 2021.
El informe confirma que son «sometidos a largos periodos de incomunicación, interrogatorios constantes (…) encierro prolongado en celdas de aislamiento, exposición a luz artificial 24 horas al día para alterar el sueño y alimentación e hidratación insuficiente».
Los presos políticos están sometidos a condiciones tan «extremadamente severas» que deterioraron su salud física y mental.
El Comité contra la Tortura (CAT) señaló su preocupación por las informaciones recibidas en las que se denuncian las graves condiciones de detención, incluida la situación de las mujeres, en los establecimientos penitenciarios.
Se confirman situaciones de hacinamiento, insalubridad, falta de ventilación y acceso a la luz natural, malnutrición y acceso limitado al agua potable y medicamentos.
Los presos políticos son privados de recibir visitas regulares, «debiendo esperar largos períodos para ser autorizados para ver a su familia».
En Nicaragua, el régimen «manipula y condiciona las visitas a familiares al silencio que tengan
y las denuncias que hagan sobre las condiciones de detención».
Debido a esa situación los familiares de las personas presas políticas en Nicaragua «tienen razonable temor a denunciar las violaciones que continúan ocurriendo».
El artículo 2 de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura define que todo
acto realizado intencionalmente por el cual «se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio», constituye como tal un acto de tortura.
Raza e Igualdad señala que que existe un «profundo nivel de ensañamiento por parte del régimen contra las y los presos políticos», en el que incluso Daniel Ortega insulta y descalifica públicamente en reiteradas oportunidades a las personas opositoras.
En su informe concluyen que es necesario desarrollar mecanismos para proteger a las y los presos políticos desterrados de Nicaragua, incluyendo el otorgamiento de la nacionalidad en aquellos casos en los que se esté en situaciones de apatridia.
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