La Policía Nacional junto al Ejército y el Ministerio Público encabezan las instituciones que conforman la «estructura estatal dirigida a la represión» contra la Iglesia católica en Nicaragua, según el Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
En su informe «Ataques a la Libertad Religiosa con énfasis en las agresiones a la Comunidad Católica de Nicaragua», los defensores identifican que unos 227 líderes religiosos —151 sacerdotes y 76 monjas— están en el exilio o fueron expulsados, obligados al destierro o se les impidió regresar al país.
Entre 2018 y 2019, según el informe, los agentes policiales y paraestatales junto a miembros del Consejo del Poder Ciudadano se constituyeron como los represores de los miembros de la Iglesia en Nicaragua.
Sin embargo, entre 2022 y 2023 se «configuró una modificación en el esquema de represión», advierte el Colectivo.
En este periodo pasó de «agresiones físicas, ataques armados, saqueos y amenazas de muertes a amenazas de detención, vigilancia y detenciones».
Por otro lado, el destierro es parte de las prácticas represivas implementadas por el régimen en contra de la Iglesia católica y miembros de la sociedad civil considerados opositores políticos.
Y ante esto, los defensores de derechos humanos advierten que «el involucramiento de diversas entidades estatales asegura la impunidad total» de los ataques de la Iglesia y su feligresía.
Agregan que el destierro al que son sometidos los religiosos es una «tendencia preocupante de restricciones arbitrarias».
El hecho que se les prohíba ingresar a su país socava su «capacidad para cumplir sus responsabilidad pastorales.
No obstante, también contribuye al «desgaste del ejercicio de la libertad religiosa en el contexto nicaragüense”.
El informe también detalla que la Alcaldía de Matagalpa se une a la lista de las instituciones represoras.
Monseñor Rolando Álvarez, obispo de esta ciudad, está detenido en Managua y el régimen lo condenó a una pena de 26 años de prisión.
El involucramiento de estas entidades estatales evidencia, según los miembros del Colectivo, una «política de Estado encaminada a atacar de forma sistemática a la Iglesia».
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