El hombre que mató a tiros a cinco vecinos hondureños en Texas seguía prófugo el lunes, y mientras la búsqueda se prolongaba por tercer día con falsas alarmas y pocas pistas, el gobernador republicano Greg Abbott enfrentaba una avalancha de críticas por llamar la atención sobre el estatus migratorio de las víctimas.
Un agente del FBI en el lugar de los hechos en la localidad rural de Cleveland, cerca de Houston, reconoció que tienen pocas pistas en la búsqueda de Francisco Oropeza, de 38 años, quien ha sido deportado cuatro veces desde 2009 y que los vecinos dicen que vivió en su calle durante años antes del tiroteo del viernes por la noche.
El departamento de policía de un condado vecino advirtió en dos ocasiones a los residentes sobre posibles avistamientos el lunes, pero en ninguna de las dos instancias se trató de Oropeza.
Abbott ofreció una recompensa de 50,000 dólares el fin de semana por cualquier información que condujera a Oropeza, y al hacerlo, el gobernador describió a todas las víctimas como “inmigrantes ilegales”, una declaración posiblemente falsa de la que su oficina se retractó y pidió disculpas el lunes.
Los críticos acusaron a Abbott, que ha hecho de la inmigración un tema emblemático en Texas, de politizar la matanza.
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“Desde entonces hemos recibido información de que por lo menos una de las víctimas habría estado en Estados Unidos de manera legal”, dijo la portavoz de Abbott, Renae Eze, en un comunicado. “Lamentamos si la información fue incorrecta y restó valor al importante objetivo de encontrar y detener al delincuente”.
Eze dijo que información proporcionada por agentes federales después del tiroteo había indicado que el sospechoso y las víctimas se encontraban en el país de manera ilegal. Su comunicado no abordó la razón por la que Abbott mencionó su estatus en su declaración original y la portavoz no respondió de momento a preguntas sobre las críticas.
Más de 250 agentes de distintos departamentos de policía, incluido el Servicio de Alguaciles Federales, participan ahora en una búsqueda cada vez más intensa que ha resultado infructuosa a pesar de contar con más personal, perros rastreadores y recompensas por un total de 80.000 dólares.
“Ahora mismo les puedo decir que no tenemos ninguna pista”, comentó el domingo James Smith, agente especial del FBI que está a cargo de la búsqueda.
Oropeza es considerado armado y peligroso después de huir de la zona el viernes por la noche, probablemente a pie. El jefe policial del condado de San Jacinto, Greg Capers, dijo que las autoridades habían ampliado la zona de búsqueda más allá de la escena del tiroteo, ocurrido después de que los vecinos del sospechoso le pidieran que dejara de disparar en su patio a altas horas de la noche porque un bebé estaba tratando de dormir.
En una vigilia el domingo en Cleveland, Wilson García, padre del bebé de un mes, describió los aterradores esfuerzos que hicieron esa noche en su casa amigos y familiares para escapar, esconderse y protegerse a sí mismos y a sus hijos después de que Oropeza se acercó a la vivienda y comenzó a disparar, matando primero a su esposa en la puerta principal.
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La policía recuperó el fusil AR-15 que Oropeza utilizó, pero las autoridades no estaban seguras de si llevaba otra arma después encontrar algunas en su casa.
El presunto agresor es un ciudadano mexicano que ha sido deportado de Estados Unidos en cuatro ocasiones, de acuerdo con un funcionario estadounidense con conocimiento directo del caso que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a divulgar información públicamente.
El funcionario dijo que el agresor fue deportado por primera vez en marzo de 2009 y por última ocasión en julio de 2016. También fue deportado en septiembre de 2009 y en enero de 2012.
Los agentes en el lugar de los hechos no han confirmado el estatus migratorio de las víctimas.
Las víctimas fueron identificadas como: Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31 años; José Jonathan Casarez, de 18 años; Sonia Argentina Guzmán, de 25 años, y Daniel Enrique Laso, de 9 años.
