Piden expulsión de Ramona Rodríguez del Consejo Superior Universitario Centroamericano

Ocho movimientos estudiantiles junto al Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) pidieron la expulsión de Ramona Rodríguez, del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

Los movimientos estudiantiles Acción Universitaria (AU), Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses (AJEN), Movimiento Universitario de la Universidad Nacional Agraria 19 de Abril (MUNA19A), Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE), Fuerza Estudiantil Nicaragüense (FENI) y Movimiento Estudiantil 19 de Abril, se unieron a esta petición.

Ramona Rodríguez es la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), desde donde permitió la represión armada contra los estudiantes atrincherados (UNAN-Managua) en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018, y la cancelación de facto y confiscación de una veintena de universidades, en los últimos años.

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También se le señala de ser la responsable de la expulsión de más de 150 estudiantes de las universidades públicas de Managua, León, Matagalpa, Estelí, Carazo y Chontales, que participaron de las protestas sociales de 2018.

Los ocho movimientos estudiantiles y el presidente de Calidh, Jorge Alejandro Mamani, enviaron una carta este lunes 25 de septiembre al presidente de CSUCA, Eduardo Flores Castro,  “expulsar del órgano a la rectora de la UNAN-Managua Ramona Rodríguez, por ser criminal de lesa humanidad en arreglo con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y ser responsable de la destrucción de la autonomía constitucional en su carácter de presidenta del CNU”.

«Señor presidente, está suficientemente documentado por organismos Internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que las formas más extremas de violencia fueron dirigidas por el Estado de Nicaragua contra jóvenes y estudiantes. Ambos grupos constituyeron la inmensa mayoría de ejecutados extrajudicialmente, arrestados y enjuiciados arbitrariamente y lesionados en los peores momentos del terrorismo de Estado aún vigente», alegan.

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A la vez exponen «el Estado de Nicaragua, a través de las autoridades de las universidades públicas, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y el Consejo Nacional de Universidades, han consumado un plan sistemático, articulado y consiente de hostigamientos a estudiantes que han alzado la voz contra la represión, expulsándolos, borrando sus registros académicos y forzándolos al exilio, entre otras formas de hostigamientos inadmisibles en una sociedad regida por las normas de protección que emanan de los derechos humanos».

Describen participación de Ramona Rodríguez en crímenes de lesa humanidad

En la carta, los firmantes expresan a Flores Castro que «la rectora Ramona Rodríguez, es ejecutora directa de los crímenes de lesa humanidad que viene perpetrando el Estado de Nicaragua desde 2018».

«Contrario al principio de autonomía constitucional que consagra como principio el artículo 4.2 de los Estatutos de la Confederación Universitaria de Centroamérica y el derecho a la inviolabilidad de los recintos universitarios por parte de la policía, Rodríguez autorizó que las fuerzas policiales y paramilitares ingresaran al recinto central de la UNAN-Managua para desalojar violentamente a estudiantes que se habían resguardado en la casa de Estudios como protesta por las violaciones de derechos humanos que cometió el Estado de Nicaragua en 2018», añaden.

«Por causa de esa autorización dada por Rodríguez, la policía sitió a estudiantes y jóvenes que no lograron huir de la represión policial el 13 de julio de 2018, y acaeció uno de los peores capítulos de la represión estatal, el asedio bajo una tormenta de balas a la Iglesia Divina Misericordia, templo donde ser refugiaron los estudiantes y jóvenes que fueron acorralados por la policía tras la expulsión del reciento, resultando asesinado un joven. Señor presidente, estos actos atroces violentan el principio de protección de derechos humanos consagrado por el artículo 4.5 del Estatuto la Confederación», continúan exponiendo.

Por otro lado, señalan que Rodríguez, «en contravención del libre pensamiento y la libertad académica, y en uso extralimitado de sus funciones como rectora de la UNAN-Managua, como parte del patrón de censura, castigo y venganza ejercido por el Estado de Nicaragua contra los opositores, persiguió, expulsó y borró los antecedentes académicos de más de 85 estudiantes de esa universidad y despidió a decenas de profesores sin que hubiera un debido proceso. Estos hechos han sido considerados como crímenes de lesa humanidad, por lo que es posible concluir que, en arreglo con el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, Ramona Rodríguez es una criminal de lesa humanidad».

Rodríguez la ejecutora del cierre y confiscación de 28 universidades

Asimismo recuerdan que la Confederación ha establecido a la autonomía como un principio de su accionar, así como la libertad universitaria en arreglo con el artículo 4.2 y 3 del Estatuto. Sin embargo, Ramona Rodríguez es parte del mecanismo estatal de abolición absoluta de la autonomía constitucional y de la libertad académica universitaria consagrada en el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Humanos, Sociales y Culturales del que Nicaragua es Estado Parte.

Por lo tanto, expresan que desde su posición como presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), Rodríguez «ha sido el instrumento del Estado de Nicaragua para intervenir, fusionar y suplantar autoridades legítimas en las 28 universidades confiscadas por el Estado de Nicaragua a la fecha del envío de esta misiva».

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«Señor presidente, actualmente, el CNU es el brazo represor del Estado de Nicaragua en las universidades públicas y privadas y ha centralizado funciones que transgreden la autonomía funcional, técnica y administrativa y que la constitución nicaragüense garantiza a las entidades de educación superior.

Ramona Rodríguez, por tanto, no sólo es una criminal de lesa humanidad, sino la principal responsable de la desaparición de la autonomía universitaria en Nicaragua», denuncian.

Finalmente piden que «el Consejo, sobre la base del Estatuto, emita una declaración condenando la grave situación de derechos humanos en Nicaragua como parte del principio humanista de este organismo, en solidaridad con los estudiantes, docentes y profesores que han vivido la represión estatal y en reproche de la confiscación por el Estado de 28 universidades».