Persecución judicial

Los periodistas en Nicaragua son perseguidos y están en estado de indefensión frente a una sistemática represión impuesta, desde hace más de tres años.

El periodismo independiente de Nicaragua se encuentra «bajo un feroz ataque» por parte del gobierno de Ortega, quien viola flagrantemente la libertad de prensa.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en su informe especial “Persecución y criminalización y del periodismo en Nicaragua», identificó diversos «tipos y niveles de represión» contra los periodistas.

Descalificación, persecución, hostigamiento, criminalización y judicialización como los principales mecanismos gubernamentales para generar “censura y auto censura con el propósito de silenciar al periodismo y a la sociedad”, señaló el Colectivo.

En 2020 la periodista Kalúa Salazar fue procesada luego de que publicó una investigación sobre la corrupción en una alcaldía sandinista del Caribe Sur del país. El 29 de septiembre de 2020 fue declarada culpable por el delito de injurias imponiéndosele 120 días multa, equivalentes a C$7,684.58 córdobas, es decir un equivalente a US$230.

Salazar y su familia son víctimas de constantes asedios por parte de agentes policiales que rodean su vivienda en la ciudad de Bluefields.

La situación de criminalización y judicialización contra periodistas se agrava a partir de mayo de 2021 con la implementación del combo de leyes represivas, entre ellas la Ley de Ciberdelitos.

El régimen inició la persecución judicial contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que incluyó la citatoria a decenas de periodistas al Ministerio Público, allanamiento de las oficinas de Confidencial y la toma de las instalaciones de La Prensa en agosto de 2021.