Redacción / IP Nicaragua
La comandante guerrillera en el exilio, Mónica Baltodano, denunció a través de sus redes sociales que el Consultado de Nicaragua en Costa Rica se negó a renovarle los pasaporte a ella, a su esposo el también exguerrillero Julio López Campos y su hijo Umanzor Campos Baltodano.
La medida les impide realizar trámites o salir del país donde se refugiaron desde agosto pasado, tras huir de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“A los tres nos negaron la renovación de nuestros pasaportes, después de realizar todos los trámites en el Consultado de Nicaragua en Costa Rica”, escribió la excompañera de armas de Ortega en su cuenta de Facebook.
Baltodano señaló que en el Consulado les comunicaron que “por instrucciones de migración en Managua, debíamos realizar el trámite en Nicaragua».
«Ellos saben que estamos exiliados, para evitar ser encarcelados como muchos opositores”, agregó la exguerrillera sandinista.
Baltodano aseveró que al negar la renovación de su pasaporte, las autoridades de Nicaragua violan los derechos humanos de ella y su familia.
La exguerrillera afirma que se les “restringe a permanecer en Costa Rica” y se les impide “reencontrarnos con la familia en otros países» y ejercer plena mente nuestras libertades.
Además hay “un abuso de autoridad”, al no emitir una notificación y hacerlo “verbalmente y de manera informal, restringen la posibilidad de recurrir contra la decisión misma, reducida a órdenes superiores”, agregó.
En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a la familia de Baltodano, tras considerar que se encontraban en “grave riesgo”.
Su hija, la abogada Mónica López Baltodano, ese mismo año abandonó el país por el constante asedio y persecución policial, tras defender los derechos de los campesinos.
En agosto de 2021, tras varios meses de vivir en clandestinidad, junto a su esposo e hijo huyeron del país.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que el régimen esta violentando el derecho a la libertad de movilización establecido en el artículo 31 de la Constitución Política.
El artículo referido indica que “los nicaragüenses tienen derecho a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional; a entrar y salir libremente del país”.
La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estima que más de 144,000 nicaragüenses han partido al exilio desde 2018, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos, motivados por la crisis sociopolítica y los efectos económicos de la misma.
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