El sacerdotes Bayardo Aguilar Ocón, de la parroquia Divino Niño Jesús de El Viejo, Chinandega, fue excarcelado tras llegar a una mediación con el ciclista, identificado como Enrique José Hernández García, a quien arrolló accidentalmente con su vehículo el pasado 1 de mayo, confirmó a IP Nicaragua una fuente cercana a la Iglesia católica.
El religioso, de 65 años, fue detenido el miércoles 3 de mayo, y acusado ese mismo día por el delito de lesiones leves ante la jueza Primero Local de Chinandega, Emma Chavarría. En la audiencia preliminar, la jueza lo dejó bajo prisión preventiva.
De acuerdo con la fuente que demandó el anonimato, este viernes se realizó la audiencia inicial, y fue puesto en libertad luego de lograr un acuerdo con el ciclista, que no es oficial de la Policía, como se rumoró en un principio.
El accidente ocurrió la tarde del pasado 1 de mayo en el kilómetro 134 de la carretera Managua-El Viejo.
En el escrito acusatorio presentado el pasado 3 mayo por la fiscal auxiliar María Francis Pérez Mojica, se asegura que el religioso desatendió la luz roja de un semáforo que está en el sitio donde ocurrió el accidente de tránsito.
Por su parte, la fuente explicó que «el padre golpeó con su carro accidentalmente una persona que iba en bicicleta, pero no llegaron a ningún arreglo. Lo que sabemos es que después el padre fue a la Policía, para mediar (en el caso), porque gracias a Dios no era grave la situación, pero lo dejaron detenido. Afortunadamente hoy se pudo solucionar la situación».
Desde abril de 2018, la Iglesia católica de Nicaragua se encuentra bajo de persecución, amenazas y encarcelamiento de sacerdotes, de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En los últimos años, decenas de sacerdotes se han visto obligados a salir del país y viven en el exilio por las amenazas y persecución.
Actualmente, el régimen mantiene privados de su libertad además a tres religiosos, entre ellos, el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión, por denunciar los abusos del régimen y negarse a ser desterrado con un grupo de 222 presos políticos, el pasado 9 de febrero.
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