El Parlamento Europeo pidió este jueves al régimen de Nicaragua una prueba de vida del obispo católico Rolando Álvarez, y demandó que la Unión Europea incluya al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en la lista de sancionados.
Los eurodiputados emitieron una nueva resolución sobre la situación crítica que se vive en Nicaragua desde el 2018, año en que surgieron las protestas pacíficas en contra del régimen en Nicaragua y que dejó muertos, exiliados y perseguidos políticos.
En la resolución condenan la «represión y las detenciones» de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua.
Demandan que se «ponga fin inmediatamente a la represión y restablezca el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias».
«El destacado obispo católico Rolando Álvarez fue condenado a 26 años de cárcel tras negarse a embarcar en el avión que trasladó a 222 disidentes y sacerdotes al exilio en los Estados Unidos», señalan.
Los eurodiputados también resaltan que, en abril, el Vaticano cerró su embajada en Nicaragua después de que el régimen del país propusiera suspender las relaciones diplomáticas.
La resolución contiene al menos quince puntos donde se condena la escalada represiva contra opositores, la Iglesia Católica, defensores de derechos humanos, periodistas, sociedad civil, entre otros.
Además piden que «se incluya rápidamente a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión y de que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano».
También abrir una investigación en la Corte Penal por los crímenes contra la humanidad «de los que son responsables el Estado nicaragüense y el propio Daniel Ortega».
En la resolución se pedirá la liberación inmediata de todas las víctimas detenidas arbitrariamente.
«Condena la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en Nicaragua; hace hincapié en que el sistema judicial carece de independencia respecto del poder ejecutivo; expresa su preocupación por la manipulación del Derecho penal y el uso del sistema judicial como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos», dice el documento.
El Parlamento también exigió que «debe autorizarse a los organismos internacionales de derechos humanos a regresar a Nicaragua, en particular a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH».
La resolución adoptada este miércoles por los eurodiputados es la séptima de este legislatura sobre Nicaragua y condena la «comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas» de derechos humanos en ese país.
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